La democracia light de Cambiemos

Parafraseando a Prat Gay, el gobierno de Cambiemos, además de extirpar la grasa militante de los organismos del Estado, ha trasladado la premisa a las instituciones de la democracia, donde la participación ciudadana viene sufriendo la misma operación quirúrgica.

Por Pablo Urrutia.

Sin apelar al recorte subjetivo ideológico que subyace a cualquier sujeto enunciador de cualquier discurso, el dato se desprende del liso y llano accionar administrativo y legislativo de Cambiemos en el municipio de Paraná.

El Presupuesto Participativo aún espera ser reactivado. Hay 13 obras pendientes de realización, aprobadas y presupuestadas, pero además, no se están evaluando nuevas obras para los vecinos de la ciudad. Este programa que funcionó hasta 2015, se paralizó a partir de la llegada de Varisco a la intendencia.

La Ordenanza 9040, que estableció la modalidad de Presupuesto Participativo para la ejecución de obras en la ciudad, fue sancionada en septiembre de 2012. En su Artículo 16º, establece claramente: “El Honorable Concejo Deliberante, a través de un representante del Bloque Oficialista y un representante de los Bloques de la Oposición; y las Secretarías de Hecienda, de Desarrollo Social, de Planificación, Infraestructura y Servicios y la Secretaría Legal y Asministrativa, o las que en el futuro las reemplacen, deberán seleccionar un representante de sus dependencias, a los efectos de conformar la Comisión de Presupuesto Participativo, la que será el Órgano de Aplicación del presente régimen”.

El Concejo Deliberante avanzó con la designación de sus representantes en dicha Comisión, y eso fue todo. Hasta el momento, no queda claro cuál es el órgano de ejecución y lo único firme en ese sentido es la promesa del concejal Carlos González, jefe de la bancada oficialista, hecha a su par del FPV, David Cáceres: “Que se quede tranquilo Cáceres, que las obras ya están en la Subsecretaría de Infraestructura para su ejecución”, dijo el edil en su momento, lo cual desató un duro cruce con la presidenta del HCD, Josefina Etienot, que no viene al caso mencionar. Lo cierto es que el Presupuesto Participativo no se está implementando.

Otro hecho que marca la posición de Cambiemos en Paraná respecto a la participación ciudadana en la toma de decisiones, se dio en la conformación de la Mesa del Transporte. Los concejales del FPV se la arrancaron a puro debate al oficialismo, se realizó, si claro que si, pero con nulos resultados. Ninguna de las expresiones vertidas por los distintos actores sociales en esos dos encuentros se trasladó a una mejora en el servicio del Transporte Público Colectivo. Incluso hubo cierta incomodidad de parte del oficialismo en su participación en la misma.

En ese mismo sentido, están las expresiones de la Asamblea Vecinalista de Paraná, que a quien quiera escuchar le dicen que en la nueva ordenanza que regula el servicio de colectivos, no se tuvo en cuenta la voz de los usuarios. En dicha ordenanza, se excluye la participación de las organizaciones representantes de los usuarios y los sindicatos. De los ciudadanos en general, digamos.

Y siguiendo en la temática vehicular, tampoco se tuvo en cuenta para el cambio de sentido de las calles céntricas la opinión de los afectados: usuarios de colectivos y comerciantes que tienen sus locales en la arterias que modificaron su sentido de circulación.

Cambiando de tema, hubo un hecho que puede resultar escandaloso pero no generó ningún escándalo, y cercena seriamente la posibilidad de participación ciudanía en clave de democracia abierta o participativa: El pasado 1 de julio los concejales de Paraná derogaron la Ordenanza Nº8323, que implementaba el “Sistema de Información Ciudadana”, mediante la aprobación de otra Ordenanza, la Nº9420, que consta de un solo artículo en el cual se lee, “deróguese la Ordenanza 8323”, el otro artículo es de forma. De esa manera se puso fin a una normativa que hacía al libre acceso de “la información administrativa municipal, a cualquier persona que acceda al sistema o que así lo solicite”, según se especifica en el segundo artículo de la norma sacada de vigencia. También se hacía mención a que el acceso debía ser “simple, automático y libre”.

En resumidas cuentas, los ciudadanos tenían alcance a un cúmulo de información referida a la administración del municipio simplemente ingresando a la web, al ser derogada dicha ordenanza, la información debe ser requerida por nota, argumentando porqué se la solicita.

Pero también hacia adentro de las instituciones a Cambiemos le está costando eso del “sí se puede”, “todos juntos”, “fundámonos en un solo abrazo para sacar la Argentina adelante”. Tal el caso del Concejo Deliberante, donde recientemente el concejal Emanuel Gainza arrojó por la borda su acostumbrada elegancia y cuidado por las formas al sugerir modificar una ordenanza para acotar los límites del consenso necesario para la designación del Defensor de Adultos Mayores.

No hubo acuerdo en la sesión especial resuelta a tal efecto y la elección del Defensor quedó desierta. Para que la misma se concrete, según consta en la Ordenanza que ese organismo, se necesitan los dos tercios de los concejales a favor de un postulante. La idea de Gainza fue llevar ese número a la mayoría simple. El grito en el cielo de los concejales del FPV truncó la iniciativa.

Más recientemente, desde Agenda Abierta dimos a conocer un proyecto de ordenanza del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, que crea un gabinete interdisciplinario para el abordaje de la violencia laboral, la aprobación de dicho proyecto implica la derogación de una ordenanza vigente sobre la misma materia que dispone la conformación de una Comisión Especial para evaluar las denuncias sobre casos de violencia en el trabajo, en la que estarían contemplados los sindicatos. En el proyecto de Hernández, la participación sindical es omitida.

Decía, hechos puntuales, contrastables con la tarea legislativa de los concejales oficialistas y administrativa de la intendencia de Sergio Varisco, permiten hacer una lectura sobre cómo reinterpreta Cambiemos eso de la democracia y la participación ciudadana.