El proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal omitió las Unidades Fiscales de Violencia Contra la Mujer, AMIA y la especializada en casos de apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado.
El ministerio de Justicia, Germán Garavano, debió aclarar esta mañana que el proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal impulsado por el oficialismo y sus aliados no contempla de ningún modo «la afectación de unidades». Durante el debate que se dio ayer en el plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal, los legisladores de la izquierda y el Frente para la Victoria denunciaron que no había mención en la iniciativa a las unidades fiscales de violencia contra la mujer, AMIA y la especializada en casos de apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado.
«El proyecto tiene algunas unidades indicativas, algunas pautas mínimas; lo mismo que la unidad fiscal AMIA que son unidades fiscales que no hay problemas que sigan», justificó el ministro, en diálogo con radio Continental.
La ausencia de la mención a la Unidad especializada en Violencia contra las mujeres (UFEM) tomó aún mayor relevancia en la reunión de comisión de ayer, en la víspera del Paro Nacional de Mujeres. En el proyecto, la UFEM, que conduce Mariela Labozzetta, no está ni mencionada ni jerarquizada como Procuraduría y tampoco hay mención a la problemática de la violencia contra la mujer y los femicidios.
Por su parte, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo envió una carta en la que advirtió que el proyecto de modificación del Ministerio Público podría poner en riesgo la continuidad de la “Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.
Además, el comunicado firmado por la titular del organismo Estela de Carlotto hizo hincapie en otro punto de la modificación que implicaría la remoción de casi todos los fiscales que actualmente están al frente de la unidades especiales por no cumplir con un nuevo requerimiento de antigüedad.
“Genera una gran incertidumbre y preocupación en la Asociación que presido, pues imposibilitaría la continuidad al frente de la Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado de su actual titular, el fiscal general Pablo Parenti, quien si bien lleva más de una década en el MPF no reúne el requisito de antigüedad”, indicó Abuelas. En la lista de todas las direcciones de la Procuración también desaparece la Dirección General de Derechos Humanos, que dirige Andrea Pochak.
Remoción de Gils Carbó
El bloque de Cambiemos, junto al Frente Renovador y Progresistas, impuso ayer en Diputados la mayoría en un plenario de comisiones y logró emitir dictamen para reformar la ley del Ministerio Público. La iniciativa contempla limitar a cinco años el cargo vitalicio del Procurador General de la Nación, que actualmente ocupa Alejandra Gils Carbó desde agosto del 2012.
El dictamen fue emitido durante una reunión de las comisiones de Justicia, Legislación Penal, y Presupuesto, donde el oficialismo ratificó que buscará sancionar esta iniciativa en la sesión del miércoles 26 de este mes.
El dictamen de mayoría fue respaldado por el interbloque de Cambiemos, el Frente Renovador, Progresistas y con disidencias el bloque Justicialista, mientras que el kirchnerismo y la izquierda rechazaron esta iniciativa y anticiparon que presentarán despachos de minoría.
El dictamen de mayoría elimina la subprocuraciones, y limita a cinco años con posibilidad a una sola reelección el mandato del Procurador General de la Nación -que actualmente es vitalicio- y ocupa desde agosto del 2012 Alejandra Gils Carbo.
Para su remoción, la funcionaria debería ser sometida a un proceso de juicio político, que requiere de mayoría simple en Diputados para acusarla y de dos tercios en el Senado para destituirla.
El presidente de la comisión de Justicia, el radical Diego Mestre, explicó los cambios consensuados con otras fuerzas políticas y destacó que la Procuración «tendrá plenas facultades por la eliminación de las figuras de los subprocuradores».
Mestre confirmó que «se cambió el plazo de cuatro a cinco años con la posibilidad de tener una reeleccion» y detalló las funciones de la comisión bicameral de seguimiento y del Consejo General.
Por su parte, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, afirmó que «cuando ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo fuimos muy críticos y tuvimos que aguantar a los tuiteros diciendo que éramos unos kirchneristas defensores de Gils Carbo, y hoy nos encontramos que somos los responsables del dictamen».