El Estado Nacional venderá otras 33 propiedades, dentro y fuera del país

La decisión fue tomada por un decreto firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete. Fuente oficial asegura que el objetivo no es recaudar sino reordenar activos.

A través del decreto 1064 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó la venta de 33 inmuebles propiedad del Estado, entre los cuales se encuentran las residencias de los embajadores en Estados Unidos y Brasil.

Una fuente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) afirmó ayer que no hay una estimación previa del monto a recaudar, y que será el Tribunal de Tasaciones de la Nación el que hará las valuaciones.

No obstante, dijo que «el objetivo no es recaudar , sino hacer un ordenamiento, para tener mejores servicios y oficinas y no encarar reparaciones costosas».

Según los considerandos del decreto, los bienes a vender «se encuentran en condiciones de ser enajenados por haber sido desafectados del servicio al cual estaban asignados, en razón de resultar innecesarios para la gestión a su cargo».

La fuente de la AABE explicó también que el inmueble destinado a la residencia del embajador en Estados Unidos está abandonado desde 2010 y que el presupuesto para la remodelación es demasiado elevado, además de que el Estado nacional alquila para ese destino, una residencia por u$s135.000 anuales.

Más ventas

Otras propiedades en el exterior que van a enajenarse son oficinas de la embajada en Colombia; el excentro cultural 19 de abril y un terreno baldío en Uruguay; y un edificio anexo a la embajada de EE.UU. en Washington.

De los inmuebles ubicados en la Argentina, 11 se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, 10 en territorio bonaerense, 2 en Córdoba, uno en Santa Fe y otra en Jujuy. Entre las propiedades ubicadas en Capital Federal se destacan tres que se encuen- tran entre Venezuela, Azopardo, Belgrano, Ingeniero Huergo y México.

En los considerandos del decreto también se expresó que mantener ociosos los inmuebles «implicaría desatender intereses prioritarios del Estado nacional, por cuanto las operaciones que se impulsan no sólo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro, sino que además generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas».

Asimismo se indicó que «las operaciones inmobiliarias que se realicen en el exterior deben llevarse a cabo adoptando mecanismos idóneos adaptados a las modalidades del país en que se realicen las mismas, asegurando igualmente la aplicación de los principios rectores de publicidad, competencia de precios e igualdad de trato de los oferentes, pudiéndose encomendar las operaciones a entidades bancarias oficiales con especialización inmobiliaria».