El Concejo Deliberante de Gualeguaychú rechazó la derogación de la Ley de la Madera

Por consenso y unanimidad, los concejales aprobaron Resoluciones en las cuales rechazan y repudian la instalación de una nueva pastera en Uruguay y la voluntad del gobierno provincial de derogar la Ley provincial 9759.

El cuidado del medioambiente es un compromiso que atraviesa de forma transversal a las distintas fuerzas políticas de la costa del Uruguay y hace que dirigentes del propio Frente Para la Victoria rompan filas ante el intento del gobierno de Gustavo Bordet de derogar la Ley provincial 9759, denominada “Ley de la Madera”.

Esta semana, el ministro de la Producción, Carlos Schepens, presentó el Plan Foresto Industrial Entrerriano, que incluye entre sus puntos, levantar las restricciones a la exportación de rollizos de eucaliptus a la República Oriental del Uruguay.

La respuesta del Concejo Deliberante de Gualeguaychú, una de las ciudades principalmente afectadas por las emisiones contaminantes de las plantas de celulosa en el vecino país, fue contundente: hubo dos resoluciones consensuadas por todas las fuerzas dentro de ese cuerpo legislativo que obtuvieron el voto unánime de los ediles, que rechazan y repudian la derogación de la “Ley de la Madera” y la futura instalación de una nueva pastera en el país vecino.

Rechazo a las pasteras

En referencia al rechazo de la instalación de una nueva planta de celulosa, la concejal Guillermina Guastavino, del Frente para la Victoria afirmó: “Manifestamos el terminante rechazo a la instalación de esta planta en el hermano país del Uruguay. Con el argumento de que no estaría emplazada directamente en el Rio Uruguay sino en el Rio Negro, el presidente Vázquez elude consultar a los países limítrofes. Lo que desconoce Vázquez es que lo que produzca llega indefectiblemente al rio compartido, contaminando nuestro ambiente y nuestro río”. Asimismo agregó: “El proyecto tuvo origen en el bloque Cambiemos. Y quiero destacar el compromiso de ese bloque respecto a esta problemática, contradiciendo la postura del presidente de la República Argentina que ha manifestado estar de acuerdo con las nuevas plantas de celulosa.”

Por su parte, la edil Micaela Rodríguez, de Cambiemos afirmó: “Más allá de las decisiones que se tomen a nivel nacional, nosotros estamos comprometidos con nuestro rol en la ciudad. Vamos a repudiar y tomar las medidas necesarias para que no se instalen más pasteras en ningún lado en la costa”. En tanto que el concejal Pablo Echandi, del mismo bloque, agregó “nuestra postura siempre va a ser defender el medio ambiente. Siempre vamos a estar en contra de las pasteras.”

Asimismo, a través de esta resolución, los concejales manifestaron su adhesión al proyecto de comunicación presentado por el Senador nacional Guillermo Guastavino, a partir del cual se pretende conocer si Uruguay informó las condiciones de instalación de la planta de celulosa.

Contra la derogación de la “Ley de la Madera”

El Concejo también dio aprobación a una Resolución elaborada y consensuada por los bloques del Frente para la Victoria, Cambiemos y Frente Renovador–UNA, a través de la cual manifiestan su rechazo a la voluntad del Ejecutivo provincial de derogar la Ley provincial 9759 de 2007 denominada “Ley de la Madera”.

Cabe recordar que esta Ley se originó en el marco del conflicto por la instalación de las pasteras en la República del Uruguay, a partir de la cual, tal como versa textualmente la normativa, “con la finalidad de preservar los derechos ciudadanos a un ambiente sano no se permitirá a empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos la venta de rollizos o chips, en forma directa o indirecta, a las industrias establecidas o que se establezcan en la Republica Oriental del Uruguay cuya finalidad es la producción de pasta celulósica con procesos químicos o semi químicos. Asimismo se prohíbe el ingreso a la jurisdicción provincial de rollizo o chips de madera transportados con destino a esas industrias”

Ante esta conocida situación, los Concejales, a través de esta resolución, se manifestaron unánimemente contra toda posibilidad de retroceso en las herramientas de protección del ambiente y la salud, y en la posición tomada por nuestra provincia y nuestro país en este conflicto y frente a las empresas contaminantes.

Al respecto, el concejal Andrés Sobredo, del Frente Renovador-UNA afirmó que “en el año 2006 la provincia de Entre Ríos, en persona del entonces gobernador Jorge Busti, inició una causa penal contra UPM Botnia. Esa causa, por la continuidad jurídica del Estado, sigue en pie y sigue abierta. Ahora plantear que no existe conflicto cuando hay una causa abierta no solo es desconocer la lucha sino el código penal. Hay una incongruencia no sólo política sino jurídica.”

Fuente: Radio Máxima.