Dos postulantes a Defensor de Adultos Mayores relacionados con la dictadura

Este viernes debía elegirse al titular del área en el municipio, pero la confirmación que dos postulantes están relacionados a la época más oscura de nuestra historia, hizo naufragar la sesión. Pasaron a un cuarto intermedio.

Por Pablo Urrutia.

La presencia de dos personas relacionadas a fuerzas públicas que actuaron en el marco del Terrorismo de Estado, entre los ocho pre seleccionados para ocupar el cargo de Defensor de Adultos Mayores de la ciudad de Paraná, enrareció el clima de la sesión de hoy en el Concejo Deliberante.

Los postulantes debían responder preguntas de los concejales que una vez cumplido este paso, realizarían la elección. Dos tercios de los legisladores debían estar de acuerdo en torno a un nombre, pero la disidencia de Silvina Fadel de UNA–Frente Renovador, fracturó el consenso que parecía gestarse entre esa fuerza y Cabiemos para la designación de Luis Viggiani al frente de la Defensoría. El bloque del FPV, se inclinó por Ligia Natalí Blanco. Al no reunir ninguna de las dos posturas el número de votos necesarios, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 9:30.

Sin embargo, otro hecho captó la atención de los presentes en la sesión del viernes. A la hora de exponer el postulante Sergio Aníbal Zavalla, los integrantes del FPV, se retiraron del recinto.

Zavalla fue denunciado por los organismos de Derechos Humanos de nuestra provincia como miembro de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea durante la última dictadura cívico militar, por lo que entienden los concejales, estaría inhabilitado para ocupar el cargo al cual se postula. En horas de la mañana, en declaraciones a Radio LT14, Zavalla admitió haberse desempeñado en el servicio de inteligencia, cosa que omitió en el currículm presentado para su postulación. “Es un trabajo como todos”, dijo y consideró que negarle la posibilidad de postularse sería “discriminación”. Argumentó que su tarea era administrativa, sin embargo, en marzo de 2012, la revista Análisis denunció públicamente a quiénes eran los agentes de Inteligencia dependientes del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina, con funciones en Entre Ríos y en especial en Paraná. Los hombres del Ejército dependían directamente del Batallón 601, con sede en Capital Federal y comprendían un listado de más de 1.400 personas que cumplían esas funciones. Entre esos nombres aparece “Zavalla, Sergio Aníbal. Comerciante de Paraná”.

Además dijo que entre los demás postulantes había integrantes de “las fuerzas”.

La misma situación pesa sobre Rafael Ramón Montiel, ex policía de Entre Ríos que participó de la detención de Pedro Miguel Sobko, detenido–desaparecido durante la última dictadura cívico militar, padre de Clarisa Sobko.

Montiel declaró, en calidad de testigo, en dos causas por delitos de Lesa Humanidad en Paraná, una de ellas la que se lleva adelante contra Atílio Céparo, donde negó la existencia de presos políticos en la Policía de Entre Ríos.

Según trascendidos, los concejales del Frente Para la Victoria, manifestaron esta situación ante sus pares, pero los integrantes de UNA–Frente Renovador y Cambiemos, argumentaron que la etapa de desestimación de las postulaciones ya había concluido. La respuesta de los ediles disidentes fue retirarse al momento del ingreso de Zavalla. Los concejales no realizaron preguntas a ninguno de los dos aspirantes a la Defensoría de Adultos Mayores.

Resta decir que la decisión de realizar una preselección previa a la votación fue consensuada por todos los concejales, quienes el miércoles llegaron al número de ocho. Entre ellos, propuestos por UNA–Frente Renovador, ingresaron Montiel y Zavalla, ya que en sus curriculums no constaba su pasado dentro de las fuerzas relacionadas al accionar de la dictadura iniciada en 1976. Tampoco hay un requisito excluyente de quienes tuvieron alguna participación o complicidad tácita con el Terrorismo de Estado, para la instancia en cuestión.

La Constitución habla de la inhabilitación para desempeñar cargos en el estado pero solo en los casos de quienes hubieren ocupado cargos jerárquicos con responsabilidad política, lo cual deja un espacio librado a la interpretación.

Los integrantes del FPV en el Concejo Deliberante analizaban realizar un repudio público ante esta situación.