Dieron prisión domiciliaria a seis represores del servicio de inteligencia de la policía de Santa Fe

Durante septiembre detuvieron a ocho genocidas que fueron integrantes del D2, inteligencia de las fuerzas de seguridad, durante la última dictadura cívico-militar-clerical. Seis ya gozan de la domiciliaria.

Las detenciones iniciales y la prisión domiciliaria muestra las irregularidades del Poder Judicial en causas que involucra la reparación histórica de generaciones de nuestra sociedad. El fiscal Martín Suárez Faisal había exigido el pasado 31 de mayo el arresto de ocho represores que formaron parte del D2, el servicio de inteligencia de la policía en Santa Fe durante el terrorismo de Estado. De manera increíble el juez Reinaldo Rodríguez dejó pasar la feria judicial, ejecutando aquel pedido recién el 26 de julio. A algunos de los genocidas recién los capturaron en septiembre pasado.

La investigación abarca secuestro y torturas a once personas, incluido Catalino Paez, último jefe del ParEn la causa se investiga la caída del último responsable político del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Santa Fe, Catalino Paez, el secuestro y torturas a su esposa y al mayor de sus hijos de 14 años y a ocho de sus compañeros, en 1980.

Los primeros apresados fueron los comisarios Angel Roberto Córdoba y Rubén Oscar Insaurralde, hallados el 29 de julio. Luego fue encontrado  Fernando Mendoza, el 2 de agosto, y Enrique Riuli catorce días después. A los pocos días, el 22 de agosto, fue capturado el cabo Antonio Rubén González, como antesala a las detenciones del comisario Chartier el 1º de setiembre, del oficial Juan Antonio Fernández, el 6 de setiembre, y del cabo Omar Molina, el 13 de setiembre.

«En una organización criminal, son los «autores de escritorio’ o ‘autores de despacho’, que en si mismo no colaboran de propia mano en la ejecución del hecho punible, pero sí tienen el dominio del suceso típico porque al disponer de la organización, cuentan también con la posibilidad de convertir las órdenes del ‘aparato’ para asegurar la ejecución de los hechos. Esta cadena de manos supone que la responsabilidad será mayor cuando se acerca gradualmente a la fuente de poder, e inversamente menor cuando se aproxima al ejecutor material del hecho», definió el fiscal, al servicio genocida D2, quien además ha presentado la apelación frente a la domiciliaria de Riuli, quien aún no ha superado los 70 años, como los otros cinco casos, que gozan del privilegio de la domiciliaria.

Aumentaron las prisiones domiciliarias de represores

Agenda Abierta ha informado sobre el incremento de esta forma de detención durante el 2016.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad había presentado un estudio detallado de la situación de las personas imputadas por esos delitos en todo el país que revela que, desde marzo de 2015 a agosto pasado, se registra “una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”. En ese período la cantidad de quienes accedieron a ese beneficio ascendió de 384 a 489.

El informe de la dependencia a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky fue realizado con datos que periódicamente remiten los fiscales federales de todo el país que intervienen en estos procesos. El número global indica que al 1° de agosto pasado -fecha de cierre del trabajo- había en todo el país 1055 detenidos, con una diferencia de apenas 46 entre quienes están detenidos en la cárcel (535) y de aquellos que están presos en su domicilio (489). Ese es “un dato que discute con cualquier manifestación que sugiera que este beneficio se deniega en forma sistemática”, señala el estudio.