La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Entre Ríos denunció la violación de los derechos sexuales en la provincia. La adhesión al protocolo nacional entre las principales exigencias.

Por Mariano Osuna
Los derechos sexuales y reproductivos, la publicidad oficial sobre estas temáticas, la negativa del Ministro de Salud a los pedidos de audiencia del movimiento de mujeres, la emergencia sanitaria, la no implementación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo, la falta de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, la criminalización frente al aborto, la falta de capacitación del personal, la persecución a trabajadores que defienden la salud de las mujeres, la intromisión de culto, la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 974, parte de los ejes que atraviesa el comunicado difundido por la Campaña por el Derecho al Aborto, dirigido al Gobernador de Entre Ríos y al Ministro de Salud de la provincia.
«Nos cansamos de esperar que Ariel de la Rosa cumpla con su deber, y proteja efectivamente los derechos sexuales y reproductivos de la población», comienza la exposición de la organización por el derecho a decidir de las mujeres. Nos cansamos de esperar una audiencia con el ministro de Salud para explicarle la emergencia sanitaria en que se encuentran las mujeres frente a una interrupción legal del embarazo a causa de una resolución vigente violatoria del Fallo de la Corte Suprema», destaca el comunicado de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos.
«Nos cansamos de esperar la decisión política sanitaria que implemente en la provincia de Entre Ríos el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, que es la Guía del Ministerio de Salud de la Nación, cuya aplicación es obligatoria para todas las instituciones sanitarias del país ya sean públicas, privadas u obras sociales», detalla la declaración de las mujeres en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. También se refirieron al veredicto histórico del máximo tribunal del Poder Judicial definido en 2012. «El protocolo recoge los lineamientos del fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia y considera la interrupción legal de un embarazo como un derecho de las mujeres».
Además se refirieron a la judicialización violatoria del derecho a decidir de las mujeres. «Nos cansamos de esta irracionalidad jurídica que lleva a criminalizar a las mujeres al grado de perseguirlas, denunciarlas y procesarlas por haber ejercido el derecho que se niega desde los sectores que ejercen con violencia la mal llamada objeción de conciencia».
«Nos cansamos de esperar a que se capacite al personal, de que se establezcan criterios claros de atención, que se deje de nombrar como directores/as y jefes/as de los servicios de salud a quienes se niegan a cumplir con las leyes vigentes», explica el comunicado difundido por la Campaña por el Derecho al Aborto de Entre Ríos. Remarcaron además que «la falta de criterio permite la persecución de trabajadores/as que protegen la vida y la salud de las mujeres».
También reflexionaron sobre el abordaje del Estado en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos afirmando que han esperado mucho tiempo la implementación de «políticas públicas para que se respete la integridad emocional y psíquica de las mujeres frente a una interrupción legal del embarazo en los efectores de salud».
Las críticas fueron dirigidas a Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, y a Ariel De la Rosa, ministro de Salud, por la resolución ministerial vigente que restringe el derecho a decidir, por la no adhesión al protocolo nacional y por la falta de compromiso con la salud de las mujeres.
El comunicado completo
Nos cansamos de esperar.
Nos cansamos de esperar que el Señor Ministro de Salud Ariel de la Rosa cumpla con su deber, y proteja efectivamente los derechos sexuales y reproductivos de la población.
Nos cansamos de esperar una campaña de difusión del Ministerio de Salud de Entre Ríos respetuosa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, dejando de lado la publicidad engañosa, con mensajes confusos, sectarios y estereotipados.
Nos cansamos de esperar una audiencia con el ministro de la Rosa para explicarle la emergencia sanitaria en que se encuentran las mujeres frente a una interrupción legal del embarazo a causa de una resolución vigente violatoria del Fallo de la Corte Suprema.
Nos cansamos de esperar la decisión política sanitaria que implemente en la provincia de Entre Ríos el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, que es la Guía del Ministerio de Salud de la Nación, cuya aplicación es obligatoria para todas las instituciones sanitarias del país ya sean públicas, privadas u obras sociales. El protocolo recoge los lineamientos del fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia y considera la interrupción legal de un embarazo como un derecho de las mujeres
Nos cansamos de esperar que se implementen políticas públicas para que no se maltraten y se respeten la integridad emocional y psíquica de las mujeres frente a una interrupción legal del embarazo en los efectores de salud.
Nos cansamos de esta irracionalidad jurídica que lleva a criminalizar a las mujeres al grado de perseguirlas, denunciarlas y procesarlas por haber ejercido el derecho que se niega desde los sectores que ejercen con violencia la mal llamada objeción de conciencia.
Nos cansamos de esperar a que se capacite al personal; de que se establezcan criterios claros de atención; de que se deje de nombrar como directores/as y jefes/as de los servicios de salud a quienes se niegan a cumplir con las leyes vigentes.
Nos cansamos de la falta de criterio que permite la persecución de trabajadores/as que protegen la vida y la salud de las mujeres.
Nos cansamos de que se dé vía libre a la intromisión de un culto, en la agenda del Estado.
Por eso denunciamos, públicamente al señor Ministro de Salud Ariel de la Rosa, y al Gobernador Gustavo Bordet porque con sus acciones y omisiones ponen en peligro la vida de las personas.
Los denunciamos por hacer caso omiso al Fallo de la Corte, por no aplicar el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación que expresa “El ejercicio de este derecho se encuentra enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos, e implica el acceso a una atención integral de calidad que asegure el respeto por la intimidad y la autonomía, el flujo de información clara y veraz y el acceso a los adelantos tecnológicos e información científica actualizada. Los lineamientos del presente Protocolo se orientan a garantizar el cumplimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo y fortalecer el trabajo de los equipos de salud en todo el territorio; con el objetivo de brindar a la población un servicio de calidad respetuoso de los derechos humanos.”
Los denunciamos por hacer caso omiso a nuestras inquietudes y dejar vigente la Resolución Ministerial Nº 974 que es un documento producto de un desguace del protocolo de la provincia de Córdoba, el cuál ha sido denunciado por violar la ley.
Los denunciamos por la falta de compromiso con la salud de todas las personas con capacidad para llevar adelante una gestación y se encuentren dentro de las causales que la legislación argentina reconoce como legales para interrumpir un embarazo.
Les recordamos que ustedes, y todos los funcionarios públicos, al no respetar la ley están incurriendo en el delito de omisión de sus deberes, y en cambio a nosotras nos asisten todos los derechos.
Violar derechos es delitos. El Estado debe respetar y aplicar la ley. No nos callarán. No tenemos miedo.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos