Un proyecto del concejal Pablo Hernández, crea el Gabinete Interdisciplinario para el tratamiento del tema. De ser aprobado, derogaría una norma vigente, excluyendo a los gremios y dejando todo en manos del Departamento Ejecutivo.
Por Pablo Urrutia.
La Ordenanza 8902, data de julio de 2010, fue impulsada en su momento por integrantes de ATE, y aborda la problemática de la violencia laboral o Mobbing desde la visión de quienes la sufren, los empleados municipales. Está vigente en la ciudad, pero nunca se implementó, ya que para ello debe constituirse una Comisión Especial, integrada por: un representante del área de Recursos Humanos del Departamento Ejecutivo, un profesional de salud entendido en la temática, un Concejal y un representante por cada organización que nuclea a los empleados municipales. Los mismos deberán tener, de ser posible, conocimiento sobre el tema y procedimientos a implementar, a fin de poder revertir la situación.
Cuando se negociaba la paritaria, los representantes de los trabajadores plantearon la necesidad de que se conforme la Comisión que dispone la ordenanza, pero no hubo respuesta.
El concejal Pablo Herández, integrante de la UCR en Cambiemos, presentó a principios de octubre un proyecto que crea un Gabinete Interdisciplinario para el tratamiento de la problemática de violencia laboral. De ser aprobado, dicho proyecto debe incluir la derogación de la ordenanza anteriormente mencionada, y el gabinete reemplazar a la Comisión Especial. En el proyecto de Hernández, el órgano de aplicación es la Secretaría General y de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Solari.
La ordenanza vigente sobre violencia laboral, indica que: “La Comisión Especial expedirá un informe sobre la situación, los términos acordados en la audiencia y las recomendaciones pertinentes. El mismo será derivado al Tribunal de Disciplina para su posterior evaluación y dictamen final”.
Las sanciones previstas por el artículo 3º, son rigurosas: “Los casos de Mobbing, los cuales son una forma de violencia laboral, deberán ser considerados como faltas graves, aplicándosele el procedimiento establecido en el Artículo 38º de Ordenanza Nº 4220 –Estatuto de Estabilidad y Escalafón-“. Es decir que se puede llegar incluso a la cesantía del infractor.
El proyecto de Hernández, suprime tales aspectos, solo indica que la municipalidad se obliga a dar curso a los procedimientos administrativos derivados de las solicitudes que fueran elevadas por los agentes, y agrega a los funcionarios como denunciantes, siempre resguardando la exposición, confidencialidad y el derecho de defensa.
En tanto que la 8902, considera un agravante cuando el Mobbing “sea ejercicio por un superior jerárquico”.
Si bien los sindicatos de los trabajadores municipales no se han manifestado sobre el tema, de prosperar la iniciativa del concejal del radicalismo, habría consecuencias negativas para sus representados. La propuesta de Hernández desplaza una ordenanza vigente que aborda la misma problemática desde la perspectiva y con la participación del trabajador, y modifica sensiblemente su sentido. Excluye a los sindicatos, pone en pie de igualdad en cuanto a las denuncias a empleados y funcionarios, es decir que el trabajador puede ser denunciado por su superior; y deja todo en manos del Departamento Ejecutivo Municipal.