Allanaron las empresas de Marizza, Szczech, Losi y Vialidad Provincial

La medida, concretada en cinco empresas constructoras de la provincia, se dispuso en el marco de la investigación por las contrataciones para la Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de 2014 en Paraná.

La investigación atraviesa las contrataciones para la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se desarrolló en Paraná los días 18 y 19 de diciembre de 2014, con la presencia de presidentas y presidentes latinoamericanos.

El fiscal Juan Francisco Malvasio dispuso este miércoles una serie de allanamientos en las oficinas de cinco empresas constructoras de Paraná: Caballi SA, que preside Miguel Marizza, en calle Gobernador Crespo 1471; Szczech & Szczech, a cargo de Iván Szczech, en calle Manuela Pedraza 580; y Luis Losi SA, presidida por Gabriel Losi, en Avenida de las Américas 2604; Cemyc SRL, cuyo responsable es Enrique Morosoli, en calle San Juan 371; y OICSA, de Daniel Hereñú, en calle Pablo Crausaz 593. Solo estas cinco empresas le facturaron al Estado 41,9 millones de pesos por la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur.

También se allanó el despacho de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez de Feltes, que fue coordinadora general del Comité Operativo de la Cumbre. A la funcionaria se le secuestró el teléfono celular y los peritos informáticos extrajeron información de su computadora personal.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Entre Ríos, junto con peritos contadores y delegados judiciales de la provincia. Según se indicó, buscaban documentación contable relacionada con las contrataciones para la Cumbre del Mercosur, computadoras, pendrives, otros medios de almacenamiento de información, teléfonos celulares y elementos que podrían ser de interés para la investigación.

Luego de los allanamientos, el fiscal Malvasio explicó que “toda la documentación e información secuestrada ahora deberá ser peritada”.

La causa se inició a raíz de informes periodísticos que revelaron datos llamativos respecto de las contrataciones de servicios que se hicieron para la cumbre de presidentes. “De la documentación analizadas hasta ahora surgen una serie de irregularidades en la contratación de las empresas y en los procedimientos de selección de las ofertas. Eso pudo haber causado un perjuicio patrimonial para el Estado”, señaló el fiscal.

El delito que se imputa, por ahora, es el de fraude contra la administración pública, por los sobreprecios en las contrataciones, pero podrían surgir otros delitos, por ejemplo, negociaciones incompatibles con la función pública, dado que Marizza integraba la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM) por el sector privado y en representación de la Cámara de Construcción de Entre Ríos y, a la vez, contrató a su propia empresa. No obstante, no hay imputados por el momento.

Fuente: Página Judicial