El Presupuesto 2017 prevé la reducción de partidas para los dos organismos del Estado directamente relacionados a la producción agropecuaria. Además se pone fin a la plena autarquía del Instituto.
En concreto, el recorte llegaría a un monto total de 3.000 millones de pesos, lo que podría complicar la gestión de esos organismos y afectaría la continuidad de alrededor de un millar de puestos de trabajo.
Por el lado del SENASA, el Presupuesto contempla gastos por 3.800 millones de pesos, 300 millones de pesos más que el ejercicio 2016, un ajuste que en términos porcentuales se ubica muy por debajo de la inflación de los doce últimos meses ubicada en torno al 45 por ciento.
Ello ocurre a pesar de que las evaluaciones presupuestarias preliminares que elevaron al Ministerio de Agroindustria y a la Jefatura de Gabinete, reportaron una necesidad de fondos de 5.800 millones de pesos.
«Con estos números no vamos a poder trabajar y hay que tener en cuenta que el SENASA fiscaliza cerca de 35.000 millones de dólares en exportaciones», señaló a la agencia Télam una fuente del organismo.
En lo que respecta al INTA, el recorte sería mayor a 1.100 millones de pesos respecto al pedido de fondos solicitado por el organismo, dinero que no podrá ser destinado a «cubrir vacantes, obras de laboratorios e investigación, pero también con el pago de sueldos», explicó a la mencionada agencia un directivo del Instituto.
«Tenemos 218 millones menos para pagar sueldos que el año pasado, con una inflación superior al 40 por ciento, lo que implica tener que dejar en la calle algo más de 600 trabajadores», añadió el funcionario.
Desde el gremio de trabajadores del organismo, APINTA, denunciaron la reducción en las partidas para el año próximo. “Manifestamos una profunda preocupación por la situación de incertidumbre que se vive en nuestra institución, con falta de asignaciones presupuestarias, la indefinición de la continuidad del personal contratado y los despidos que afectan a los trabajadores del sector público y privado”, señalaron en un comunicado.
Además denuncian que según el artículo 6º del Proyecto de Presupuesto 2017, el Instituto perderá la autarquía para designación de personal de Ciencia y Tecnología.
El mencionado artículo expresa: “Salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros no se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en el presente artículo para la Administración Nacional. El Jefe de Gabinete de Ministros, de conformidad con las necesidades de estructura y dotaciones de las respectivas áreas establecidas por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, procederá a distribuir para cada Jurisdicción, Organismo Descentralizado e Institución de la Seguridad Social los cargos que correspondan”.
En tanto que el Artículo 7º, sostiene: “No se podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas. Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores de la Administración Pública Nacional”.
Como se ve, el manejo de los ingresos de personal y el incremento de horas y montos quedará exclusivamente en manos del Jefe de Gabinete, actualmente, Marcos Peña, lo cual, según sostienen los trabajadores del INTA, “dificulta que el ingreso de personal a diferentes funciones se haga con transparencia y agilidad por concursos de antecedentes y oposición por méritos”.