La policía de Entre Ríos profundiza prácticas de violencia institucional

Son 4 las denuncias en un mes por abuso policial a personas en situación de calle en Paraná. Contravenciones, la herramienta legal para aplicar técnicas de represión y estigmatización que recuerdan otras épocas.

Por Mariano Osuna

Luis, apodo que utilizaremos para resguardar su identidad, trabaja diariamente cuidando coches cerca de Casa de Gobierno en la capital provincial. Denuncia que durante julio y agosto lo levantaron dos o tres veces por semana y que la última vez casi quebraron sus costillas de los golpes en la comisaría quinta de Paraná. Sin respuestas oficiales del Ejecutivo provincial, se intensifican las acciones de las fuerzas de seguridad de Entre Ríos.

«Te dicen que estás cometiendo una contravención, no te explican mucho más», relató el trabajador de una de las calles céntricas de Paraná. «El martes y viernes pasado me llevaron y me sacaron lo que había ganado en el día» comentó Luis.

La denuncia ratifica la serie de reclamos que visibilizó Agenda Abierta sobre una situación estructural en la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto, y de los sectores populares en particular.

El pasado 24 de agosto, junto al monumento en la plaza 1 de mayo de la capital provincial, Casa Solidaria, un dispositivo dirigido a personas y familias en situación de calle, se manifestó contra la estigmatización, la represión, y el abuso policial contra este sector vulnerado. La intervención fue impulsada por las propias personas que sufren diariamente la violencia institucional de las fuerzas de seguridad de la provincia de Entre Ríos. Ciudadanas y ciudadanos, que sobreviven en la calle, llegaron con máscaras, un tambor y una bandera, rodeando el monumento de plaza de mayo, interviniendo la plaza, para visibilizar y concientizar sobre el accionar represivo de las fuerzas policiales de la provincia de Entre Ríos.

 

«Antes te llevaban y te largaban al otro día, ahora te sueltan a las horas», detalló Luis, seudónimo simbólico para cuidar su identidad. «La última vez no me podía mover, parecía que se me salía la costilla, aunque tuve que hacer una moneda igual para comer», profundizó el ciudadano de Paraná.

El pasado 1 de septiembre Agenda Abierta informó que un muchacho expuso ante la Fiscalía que fue detenido y golpeado, que los efectivos ingresaron a su casa sin orden judicial, dispararon e hicieron destrozos, y lo intimidaron para que no presentara la denuncia.

En aquélla oportunidad el joven de 23 años se encontraba el jueves 4 de agosto, a la una de la madrugada, en la puerta de su casa junto a otro joven, cuando se detuvo una camioneta de la Policía. Se bajaron dos uniformados, les pidieron los documentos, y los acusaron de haber disparado contra ese móvil. Salió la madre, su hermano y otros miembros de su familia a ver qué pasaba. En ese momento hubo disparos de arma de fuego de parte de uno de los funcionarios. Él se tiró encima del policía para que no disparara. Acto seguido, lo subieron al vehículo policial y lo llevaron a la Comisaría Sexta. Cuando lo detuvieron y dentro del móvil, lo golpearon en distintas partes del cuerpo. Cuando llegaron al destacamento no lo quisieron alojar, por lo que lo llevaron a la central del 911 de las Cinco Esquinas. Después lo llevaron a la Comisaría Quinta, donde lo tuvieron en la puerta, sin ingresarlo. Luego nuevamente al 911, hasta las 4 de la madrugada aproximadamente, cuando lo llevaron de nuevo a la Quinta. Ahí permaneció otras horas más detenido hasta que fue dejado en libertad. Los policías también habían ingresado sin orden judicial, dispararon dentro de la vivienda, encerraron a todos en una habitación y provocaron destrozos.

«Queremos trabajar tranquilos», afirmó Luis, quien dijo que no va a dormir al Centro Integrador Comunitario (CIC) de la zona este de la ciudad, ubicado en la intersección de las calles Roque Saenz Peña y Fermín Garay «porque hay maltrato constante hacia nosotros».

El pasado 12 de septiembre Agenda Abierta difundió otra denuncia donde un hombre, que se encuentra en situación de calle hace un año y duerme en el Parque Urquiza, relató que es detenido tres veces por semana y que lo llevan a la comisaría Quinta o al Hospital Escuela de Salud Mental. Julían, nombre que usamos para resguardar su identidad, había manifestado que no tenía nombres de los uniformados porque “nunca están identificados”, y había agregado que lo llevan porque «camino, porque trabajo, porque estoy tomando una cerveza, por cualquier cosa. A lo primero me tratan bien, pero después te pegan. Este mes me levantan a cada rato, dos veces por semanas, y todos los viernes estoy preso”.

La situación de Luis, que señala al 911, a las motos de las fuerzas de seguridad de la provincia, a las comisarías cuarta, quinta y octava, como parte de una red de violencia institucional, forma parte de reiteradas exposiciones sobre el agravamiento del accionar de la policía de Entre Ríos.

Se profundiza de esta manera la violación sistemática de derechos humanos hacia un sector vulnerado de la sociedad. La estigmatización y represión de los uniformados entrerrianos se complementa con la falta de diseño e implementación de políticas públicas que aborden una deuda estructural para la comunidad. Actualmente sigue vigente la ordenanza 8932, sancionada en el año 2010, que establece la creación de un Programa de Asistencia Integral para para personas de situación de calle, que plantea un avance respecto a la construcción de centros de día, de refugios, y de dispositivos con equipos interdisciplinarios que realicen un abordaje cotidiano de cada situación específica. La problemática, sin respuestas oficiales, tanto de la Municipalidad de Paraná por la ordenanza sin ejecutar como del Gobierno provincial por el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, parece tener varios capítulos más en Agenda Abierta, y especialmente en las espaldas de la vida de las personas que sufren el abuso policial, quienes esperan una reparación en clave de restitución de derechos.

 

Contravenciones

Entre Ríos tiene vigente desde el año 1952 la ley de contravenciones, un mecanismo inconstitucional enmarcado en una visión de orden, disciplina y seguridad anclada a la represión. Ebriedad, desorden, escándalo, la prostitución, entre otros conceptos forman parte de una legislación feudal respecto a los paradigmas de derechos humanos.

La ley Nº 3815 es la principal herramienta que las fuerzas de seguridad tienen para su accionar. Un alto porcentaje de las denuncias sobre abuso policial y violencia institucional parten de Contravenciones como elemento legal para realizar estas irregularidades.

La modificación de la ley vigente hace 64 años, el cambio de paradigma en la formación y el funcionamiento de las fuerzas policiales, y el avance en el abordaje integral hacia personas en situación de calle, son parte de las deudas pendientes de la democracia argentina y de la sociedad entrerriana.