La Defensoría del Pueblo también rechazó una nueva suba de la tarifa eléctrica

El defensor Luis Garay y el director general Juan Patat advirtieron que una franja importante de la sociedad “no tiene capacidad económica para afrontar” otro aumento.

Garay y Patat expusieron en la audiencia pública realizada el miércoles en Villaguay, en representación de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

Ambos hicieron un análisis de la situación, considerando al servicio eléctrico un derecho humano. Reflexionaron sobre el rol del Estado y, en ese sentido, hicieron hincapié en que la empresa distribuidora Enersa es estatal. Además subrayaron la necesidad de “no perder de vista que hay una franja importante de la sociedad que no tiene capacidad económica para afrontar una suba más”.

Garay recordó que en enero pasado empezó a regir un aumento del 19,8 por ciento, establecido en febrero de 2014 después de la realización de una audiencia pública y cuya aplicación fue suspendida en el marco de un acuerdo nacional al que adhirieron las distribuidoras. El Defensor señaló que a esa suba se sumó otro porcentaje similar, por lo que el incremento definido por la Provincia se elevó en alrededor de un 37 por ciento, en concepto de actualizaciones trimestrales desde 2014 a 2015, tiempo en que la suba se mantuvo en suspenso. Remarcó también que ese incremento se añade al nacional, trepando actualmente a un promedio del 137 por ciento. Y reflexionó que si se agregara el 23 por ciento solicitado ahora por la distribuidora Enersa, treparía a casi el 160 por ciento.

A su turno, Patat apuntó que “si bien se reconoce la importancia de la ejecución de obras con el fin de garantizar la calidad del servicio eléctrico en vista al crecimiento demográfico y económico provincial, según el argumento esgrimido por Enersa para fundar el pedido de aumento, no se puede desconocer la situación por la que atraviesa la mayoría de los usuarios, que son asalariados, empleados públicos y de comercio, jubilados y trabajadores en general”.

El Director General mencionó que de acuerdo a la información surgida de los balances de Enersa a la que accedió la Defensoría, los costos operativos de la empresa “están por encima de los ingresos”. Por eso apuntó: “Nos preguntamos si el eventual aumento (del 23 por ciento) es para obras o para atender gastos operativos corrientes”.

La Defensoría también hizo hincapié en “el hecho de que la empresa de energía Enersa adhirió a un plan de la Nación mediante el que recibió fondos en concepto de subsidios para atender obras con la condición de que no aumentaran las tarifas. Eso ocurrió en el período 2014-2015, cuando se mantenía en suspenso la aplicación del 19,8 por ciento. Por lo tanto, resulta incomprensible que este año se hayan aplicado subas cercanas al 20 por ciento en concepto de actualizaciones por ese tiempo”, se remarcó.

Por todo ello, expresó ante el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) su “rotunda negativa” a una nueva suba de tarifa y pidió que “de considerarse indispensable un aumento, se comience a aplicar el año que viene y en forma gradual”.

Fuente: APF Digital