La Asamblea Ciudadana cuestionó la nueva ordenanza de transporte

La organización vecinalista rechazó la nueva normativa aprobada por el HCD de Paraná. Reclaman que se omite la participación de usuarios y no se evita la concesión monopólica.

Por Mariano Osuna

La Asamblea Ciudadana de Paraná difundió un comunicado con duras críticas a la nueva ordenanza sobre el transporte urbano de pasajeros sancionada por el Concejo Deliberante de la capital provincial. Sus integrantes explicaron que la reciente legislación «consagra el retroceso en la ciudad y en la eficencia del servicio de colectivos.

La discusión por el servicio de colectivos en la comuna se ha instalado como uno de los pilares del debate público. La ciudadanía, los poderes del Estado, los medios de comunicación y las asociaciones de usuarios han dado su postura sobre un derecho esencial en la vida cotidiana de un sector mayoritario de la ciudad. La Sesión Extraordinaria, cubierta durante sus cuatro días por Agenda Abierta, no dejó una herramienta superador que contenga a los distintos sectores sociales, sino que ha profundizado las diferencias sobre una problemática estructural.

«Luego de varias jornadas de debate del Concejo Deliberante, el Marco Regulatorio legislado de 114 artículos sólo ha dado el resultado concreto de avalar la actual situación de baja calidad del servicio de colectivos», definió la Asamblea vecinalista que se reúne todos los lunes en la Comisión Vecinal del barrio Santa Lucía, de la zona oeste de Paraná.

Entre las principales críticas, la organización ciudadana explicó que la nueva normativa «no da directivas en cuanto a frecuencias y recorridos que aseguren la eficiencia básica del servicio, condición para desalentar el uso de vehículos particulares». Detallaron, a través de un comunicado acercado a Agenda Abierta, que la ordenanza «no introduce la participación de los usuarios en el control y gestión del servicio, ni toma en cuenta ninguna de las recomendaciones de los estudios encargados por el Municipio en los últimos años». A modo de una paradoja tragicómica, expusieron que «en la fundamentación de la Ordenanza se hace referencia al Art. 30° de la Constitución Provincial cuando habla de la fijación de una tarifa justa, razonable y transparente, pero que se omite citar el mismo artículo cuando dice textualmente previendo la participación de Asociaciones de los Consumidores y Usuarios”.

Por otro lado, la Asamblea se refirió al cambio de los recorridos, alertando que «no se revisa la situación de exclusión de los colectivos en las manzanas del microcentro, dándole una marcada prioridad a los vehículos particulares. Las ventajas en la velocidad y ahorro del tiempo de viaje en los corredores 5 Esquinas y Plaza 1° de Mayo no compensan el inconveniente de haber alejado las paradas de los puntos más concurridos y haberlas distanciado entre sí».

En el comunicado, donde se analizan distintos puntos sobre la reciente ordenanza, se remarca que «no se incluye ninguna medida ni directiva que evite la concesión monopólica, según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipios».  Y se expone dudas sobre la definición del Plan Estratégico de Movilidad que establece el Art. 112° porque «fija un plazo al Departamento Ejecutivo Municipal de 30 días corridos para elaborar los pliegos de licitación cuando se sobrentiende que en un plazo tan exiguo es imposible que se elabore un Plan Estratégico del Transporte Público que prevea la reestructuración necesaria incluyendo líneas circunvalares, troncales, tributarias, estaciones de trasbordo, unidades de mayor y menor carga de acuerdo a los servicios específicos, y diseñe recorridos directos, eficaces y eficientes».

La cuestión de los colectivos que circulan con mayor cantidad de usuarios de los asientos que el servicio de transporte tiene ejemplifica las criticas que la Asamblea Ciudadana realiza al nuevo marco regulatorio. «El Art. 79 sobre las obligaciones de los pasajeros consigna que ninguna persona tendrá derecho a ascender a un vehículo cuyo nivel de ocupación haya alcanzado el máximo establecido en la reglamentación. En su lugar deberían obligar a las empresas a la provisión de unidades suficientes para que la carga de pasajeros no sobrepase un límite normal», detalló la organización vecinalista. Y puntualizó que «omite salvaguardar derechos adquiridos en relación a la gratuidad del boleto estudiantil y los boletos subsidiado».

El comunicado, manifiesto de las conclusiones posteriores que los distintos actores de la sociedad, que confluyen los lunes en el salón de la Comisión Vecinal de Santa Lucia, han destacado para visibilizar sus diferencias en un debate que aún plantea varios capítulos más. «Nuestra Ciudad está dejando pasar una posibilidad histórica de avanzar hacia un sistema de transporte público de pasajeros que garantice el derecho de todos los habitantes al uso de las posibilidades que la ciudad le brinda, y de reducir la actual congestión de vehículos particulares originada en las deficiencias del sistema actual», finalizó la Asamblea.