Imputaron a la madre superiora del convento de las Carmelitas

El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, decidió imputar por el delito de privación ilegítima de la libertad a la madre superiora del convento de las Carmelitas Descalzas, la hermana María Isabel y será indagada el próximo miércoles.

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La religiosa fue notificada en la tarde de este viernes e incluso nombró como defensores a los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen, según pudo confirmar ANALISIS DIGITAL. Al parecer, fueron determinantes las declaraciones de dos ex carmelitas, que confirmaron lo denunciado por la revista ANALISIS, en cuanto a los excesos cometidos en el convento, como así también la actitud de la religiosa -e incluso por varios años-, de prohibir sistemáticamente la salida de las jóvenes de la congregación.

El fiscal Federico Uriburu adoptó una firme decisión judicial en las últimas horas, que seguramente generará una fuerte reacción de la Iglesia. Ayer a la tarde, la madre superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá recibió la notificación judicial por la cual se le comunicó que quedó imputada por el delito de “privación ilegítima de la libertad en dos hechos” -que establece una pena de prisión de dos a seis años- y por ende fue citada a declarar en instancia indagatoria para el próximo miércoles a la mañana.

La determinación la adoptó después de analizar en profundidad las extensas declaraciones testimoniales de dos ex carmelitas descalzas que transitaron por el convento en los últimos años. Una de ellas estuvo más de diez años y la restante permaneció por espacio de más de dos décadas. Ambas declararon por casi seis horas en Tribunales el viernes pasado y no solamente ratificaron todo lo denunciado por la revista ANALISIS en su última edición, en cuanto al uso de cilicios, látigos, mordazas y el padecimiento de humillaciones y mortificaciones.

Además ampliaron numerosos detalles en torno a sus traumáticas vivencias en el convento y en especial en el período en que se hizo cargo la hermana María Isabel, quien hace diez años es la principal responsable. La identidad real de la religiosa es Luisa Toledo y desde 1991 está en Nogoyá, después de su paso por el convento de Concordia.

Ayer a la tarde llegaron hasta el edificio tribunalicio de Nogoyá los abogados penalistas paranaenses Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen, quienes dejaron asentado que serán los defensores de la madre superiora, por decisión del Arzobispado de Paraná.

Pudo saberse también que ayer, desde primeras horas de la tarde hasta altas horas de la noche declararon varios de los policías que participaron del allanamiento al convento, el jueves pasado, después de la actuación de oficio de la justicia, tras el informe de la revista ANALISIS. La mayoría de ellos habrían revelado incluso la serie de amenazas proferidas por la madre superiora al momento de la tarea judicial en la dependencia religiosa.

El fiscal Uriburu trabajó paso a paso con la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche y adoptó la decisión de imputarla a la madre superiora después de analizar las pruebas pertinentes (hay que recordar que en el convento se encontraron cilicios, látigos -denominados flagelos- y mordazas de castigo), a lo que se sumaron los extensos testimonios de ex carmelitas y de otras personas que atestiguaron en el expediente. También colabora permanentemente en la estrategia judicial el fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, con quien Uriburu mantuvo reuniones en el edificio tribunalicio de Nogoyá en los últimos días.

En tanto, se estudia la posibilidad de imputarle también -quizás más adelante- la aplicación de tormentos o torturas, como así también el delito de reducción a la servidumbre. Este establece que “serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro (4) a quince (15) años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella».

Fuente: Análisis Digital