Francisco Morchio: “Entre Ríos no cuenta con los mecanismos de prevención de la tortura”

Los casos de violencia institucional, captaron la atención del Senado. El legislador Francisco Morchio presentó un proyecto declarando preocupación por la situación y solicitando que la provincia adhiera al Protocolo Contra la Tortura. Desde Agenda Abierta dialogamos con él.

Por Pablo Urrutia.

En estos últimos tiempos se ha registrado casos de violencia institucional, violencia policial física y psicológica, en distintos puntos de la provincia, que ponen la alarma sobre el tema. El caso más resonante es sin dudas el de las  supuestas torturas en un convento de monjas en la localidad de Nogoyá, pero también en Paraná principalmente, se han registrado abusos policiales que merecen la atención de las autoridades provinciales competentes en la materia.

Recientemente, el senador provincial por Gualeguay de la fuerza Cambiemos, Francisco Morchio, manifestó esa preocupación mediante un proyecto de declaración ingresado a la Cámara Alta, en el que además de poner la atención sobre el tema, insta a la provincia a adherir al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, al que ya adhirió la Nación en 2014.

Esto dijo en entrevista con el programa La Primera Edición, que se emite por FM Los 40 Principales (100.5Mhz):

 

el senador Morchio, expresó que su presentación: “Parte de una preocupación del Secretario Nacional de Derechos Humanos, es él quien me la transmite, y se desata a partir de los hechos registrados en Nogoyá. Y eso nos trae a que la provincia no se adhirió todavía a un protocolo nacional que existe desde hace años; lo que queremos es poner esto sobre el tapete, ya Entre Ríos no cuenta con los mecanismos de prevención de la tortura, y que se adhiera y se salde esta deuda que tenemos” dijo.

Para Morchio, la aplicación del Protocolo, no se ciñe ni se motiva, en una situación en particular: “Hubo diferentes lecturas desde distintos sectores sobre mi presentación. Hubo quienes lo entendieron como un ataque hacia el catolicismo, ya que tomaba como antecedente lo que sucedió con las monjas; otros, de sectores judiciales menos garantistas, lo tomaron como un ataque hacia lo policía, y mi intención no es ir sobre un caso particular. Es aplicable a todos. El protocolo vale también para un secuestro. Nuestra preocupación es en términos generales y ver cómo la provincia adhiere a un marco nacional que a la vez proviene de un protocolo internacional, que es a su vez una preocupación de Claudio Avruj (Secretario de DDHH de la Nación), que él nos trasladó”, explicó el Senador.

“La preocupación sobre los casos de violencia institucional es absolutamente lógica en estos momentos, pero también hay que tener en cuenta que cuando se legisla en el Senado se lo hace excediendo los hechos coyunturales”, dijo y apuntó que, “es ilógico que solo cuatro provincias hayan adherido al protocolo nacional, y que nuestra provincia tampoco lo haya hecho”. En ese sentido, argumentó que lo que solicita, “es ajustarse a normas internacionales que dan la figura de la tortura, como tratos inhumanos, y si está legislado implica un agravante de penas”.

Para el senador Francisco Morchio, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es la inseguridad, y en ese escenario contextualiza su pedido. “Creo que lo que está ocurriendo es por falta de respuestas de parte del Estado, nos tenemos que hacer cargo, la parte política, la parte judicial y la parte policial. La falta de respuestas tiene que ver con siempre buscar excusas y no ver la forma de resolver”, sostuvo. A su vez, frente a los casos de violencia policial, entendió que, “la policía es la que paga más la condena social, y la política y la justicia también son causantes de la inseguridad en que vivimos. La sociedad pide por el tema de la inseguridad, que es mucho más abarcativo que el proyecto que presenté en el Senado, pero que evidentemente brinda protección a los ciudadanos frente a las excepciones como son los apremios ilegales”, finalizó el legislador entrerriano.

Sobre el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos

Argentina fue uno de los países que participó activamente en el largo proceso por el cual en Naciones Unidas se adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2002. El Protocolo fue aprobado en el país por la Ley Nº 25.932. Y Argentina fue así el sexto país en ratificarlo, el 15 de noviembre de 2004. De este modo, lideró, junto con otros países, la iniciativa para promover la entrada en vigor de dicho Tratado, para la que se requería de la adhesión o ratificación de veinte Estados. Así el Protocolo Facultativo entró en vigor el 22 de junio de 2006.

Más aún, desde que en el año 2007 se puso en funcionamiento el Órgano de Tratado, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) que supervisa la aplicación del Protocolo Facultativo, la Argentina ha propuesto en sucesivas elecciones a expertos independientes argentinos para integrar el SPT, los que han sido elegidos por los Estados Parte del Tratado. La Argentina también es uno de los países donantes al Fondo Especial del Protocolo Facultativo, que se utiliza para subvencionar proyectos de prevención de la tortura en Estados Parte del Tratado. Así, la Argentina mantiene el liderazgo en el desarrollo del Protocolo Facultativo. Este liderazgo se enmarca en la política de derechos humanos del país. Argentina lidera las discusiones por la adopción de nuevas convenciones. También promueve con su participación activa el fortalecimiento de los sistemas universal y regional de protección, a través del apoyo económico, aportando expertos, impulsando la implementación de los tratados, etc.

El artículo 17 del citado Protocolo dispone que cada Estado Parte mantendrá, designará o creará uno o varios Mecanismos Nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Y el artículo 29 establece que las disposiciones del Protocolo son aplicables a todas las partes componentes de los Estados Federales, sin excepción o limitación alguna.

En cumplimiento de esta obligación internacional se sancionó en noviembre de 2012 la Ley Nº 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ley fue reglamentada el 9 de abril de 2014 por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 465. La Ley Nº 26.827, en su artículo 32, en concordancia con el artículo 29 del Protocolo, establece que además del Mecanismo Nacional de Prevención deberán crearse Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura en las provincias y en la CABA.

Desde la ratificación del Protocolo Facultativo en el año 2004, la SDH lidera el proceso de implementación tanto a nivel nacional como provincial. En el mes de julio de 2014, se estableció en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un área responsable de la implementación en Argentina del Protocolo Facultativo.