El gobierno oficializó la disolución del Renatea y la vuelta del Renatre

El Renatea se había creado en enero de 2012, como complemento del estatuto del peón rural, con el objetivo de ampliar los derechos de los trabajadores rurales

El gobierno de Mauricio Macri avanzó en la disolución del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y en el reestablecimiento del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), institución que volverá a funcionar a partir del 1 de enero de 2017. La medida se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, donde también se dispuso la designación de Érica Utrera como liquidadora del Renatea y de Ernesto Ramón Ayala, mano derecha de Gerónimo Momo Venegas, como delegado normalizador del Renatre. Ambos funcionarios tendrán la responsabilidad de realizar una auditoría conjunta sobre los bienes inmuebles, muebles, créditos, fondos, derechos y acciones que se transferirán de un organismo a otro, según lo precisa la normativa oficial.

El Renatea se creó en enero de 2012, como complemento del estatuto del peón rural, con el objetivo de ampliar los derechos de los trabajadores rurales, estableciendo, por ejemplo, la jornada de trabajo de 8 horas. En los cuatro años en que funcionó el organismo, registró a 154.000 trabajadores, dio unas 15.000 coberturas por desempleo y protección a víctimas de trata de personas, abrió 260 puntos de alfabetización y brindó talleres a los trabajadores migrantes sobre sus derechos.

El organismo hizo también operativos de fiscalización que permitieron hallar trabajadores en condiciones cercanas al esclavismo. Dos de los episodios con mayor resonancia son los que detectaron trabajadores en condiciones de extrema precariedad en campos del ex gobernador Ramón Puerta, en Misiones; y en una finca del titular de la Sociedad Rural, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere. Estas investigaciones requirieron un trabajo minucioso de la planta calificada de trabajadores.

La Corte Suprema, a finales de 2015, confirmó un fallo de la justicia que declaraba inconstitucional la creación del Renatea, dejando el camino preparado para que el gobierno de Cambiemos ponga en marcha nuevamente el Renatre a regular el sector, un organismo que se caracterizó por hacer “la vista gorda” a situaciones de fuerte precariedad laboral entre los peones rurales.

Momo Venegas, titular del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), tercerizaba en una empresa de sociedad anónima las fiscalizaciones de los trabajadores. Esa firma cobró 10.000.000 de pesos entre 2010 y 2011 para hacer las inspecciones, aunque se denuncia que nunca se llevaron adelante. Del total de los trabajadores registrados que se computaban en los registros del Renatre al 2011, sólo el 40 por ciento estaba efectivamente formalizado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Según consignó Página/12, la complicidad de Momo Venegas queda en evidencia en los casos de explotación laboral de los peones y tareferos, en la que también participaron empresarios, funcionarios, jueces y medios de comunicación hegemónicos.