Esta tarde las partes ampliarán los fundamentos de las apelaciones contra la sentencia del juez Ríos. Se espera que la Cámara eleve las penas a los represores. Convocan a acompañar a las víctimas y familiares del terrorismo de Estado.
Por Alfredo Hoffman
La megacausa Área Paraná tendrá hoy una audiencia clave en su largo camino de trámite judicial, que se inició con las primeras denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado a partir de la recuperación de la democracia. Ante la Cámara Federal de Apelaciones, las partes del juicio tendrán oportunidad de ampliar los fundamentos de sus recursos de apelación a la sentencia del juez de primera instancia Leandro Ríos del 23 de diciembre de 2015.
En esta causa emblemática para la lucha por los derechos humanos en Entre Ríos, que engloba delitos de lesa humanidad cometidos contra 52 víctimas durante la última dictadura cívico militar, el juez Ríos condenó a siete represores tras más de 10 años desde el desarchivo de la causa con la caída de las leyes de impunidad. Pero las penas fueron en su mayoría bajas y estuvieron muy lejos de lo solicitado por las querellas y la Fiscalía.
Solamente el ex policía federal Cosme Demonte recibió cadena perpetua, responsabilizado por el asesinato a sangre gría del militante del PRT-ERP Pedro Sobko y el secuestro del militante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros Victorio Erbetta. Ambos permanecen desaparecidos.
Las otras condenas fueron: Jorge Humberto Appiani a 18 años de prisión, José Anselmo Appelhans a 14; el médico Hugo Mario Moyano a ocho; Alberto Rivas y Rosa Susana Bidinost a seis y Oscar Ramón Obaid a tres años. Los tres últimos fueron dejados en libertad porque sus condenas se consideraron cumplidas; mientras que Moyano –si antes no recibe otra condena en Área Paraná II– quedará libre el año que viene.
Además de Sobko y Erbeta, en la causa se investigan las desapariciones de Claudio Fink, Carlos María Fernández y Juan Alberto Osuna. En el caso de Osuna, sus restos pudieron ser recuperados por la familia. Además se juzgan secuestros, torturas y apremios ilegales cometidos en la costa del Paraná.
Acompañamiento
Desde los organismos de derechos humanos llamaron a movilizarse a los tribunales federales de calle 25 de Mayo 256 para acompañar a las víctimas del terrorismo de Estado, familiares y abogados querellantes, desde las 17. Destacaron que el contexto político es de «notorio retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de flexibilización de los procesos contra los genocidas», según el comunicado divulgado a través de las redes sociales.
Asimismo indicaron que «esta audiencia es clave en la región para que el Poder Judicial entienda que no hay posibilidad de frenar y ni retroceder en el Juicio y Castigo a los responsables de los peores crímenes cometidos contra nuestro pueblo».
Las penas pedidas
En oportunidad de presentar sus alegatos, los querellantes pidieron prisión perpetua para los represores Demonte y Appiani; y 25 años de cárcel para Moyano, Appelhans, Bidinost, Rivas y Obaid. Los fiscales, en tanto, reclamaron perpetua para Demonte, 25 años para Appiani, Appelhans y Rivas, 18 para Moyano, 15 para Bidinost y 8 para Obaid.
Las querellas, además, consideraron que los crímenes de la causa deben tenerse como delito internacional de genocidio, conforme el artículo segundo de la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, como especie dentro del género de lesa humanidad. O bien debe interpretarse que fueron cometidos en el contexto de un genocidio, como consideró el TOF de Paraná en la causa “Harguindeguy”. Por eso solicitaron al juez que lo plasme en su fallo siguiendo alguno de ambos criterios. Sin embargo, Ríos no hizo mención a este planteo en su sentencia.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná estará integrada en esta oportunidad por los miembros del Tribunal Oral, Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero, debido a que los camiristas propios de ese órgano judicial ya tuvieron intervención en la causa.
La audiencia de hoy está prevista en el código por escrito que rige en este expediente: el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, que data del siglo XIX. Por ese motivo, lo que se resuelva sobre las apelaciones tendrá carácter de sentencia definitiva. Se espera que la Cámara se tome varias semanas para emitir su veredicto.