Al menos 1300 adolescentes están privados de libertad en todo el país

Argentina carece de un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde con la Convención de los Derechos de los niños y las niñas. Mantiene vigente un decreto-ley de la última dictadura cívico-militar-clerical.

 

Al menos 1300 adolescentes están privados de su libertad en unidades, comisarías e institutos para jóvenes «en conflicto con la ley» de todo el país, en una coyuntura arrastrada durante décadas, que muestra pocos avances en términos de derechos para esa población de niños y niñas, la vigencia de regímenes punitivos y la falta de estadísticas confiables.

Argentina carga con dos realidades nefastas: es el único país de Latinoamérica que carece de un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde con la Convención de los Derechos del Niño y mantiene vigente un decreto-ley de la última dictadura cívico-militar-clerical que no garantiza el estado de derecho para niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley.

A esto se suma que no existen estadísticas fidedignas sobre la cantidad de chicos privados de su libertad en el país. Registros oficiales, a los que accedió Télam, contabilizan 1305 adolescentes en los 24 distritos, Unicef había detectado hasta diciembre del año pasado unos 2.915 niños en programas de «supervisión en territorio», otros 871 en unidades de privación absoluta de libertad y 122 en establecimientos de restricción de libertad.

De acuerdo con documentación de los organismos de los 24 distritos encargados de velar por los chicos en conflicto con la ley, existen 1.305 adolescentes de hasta 17 años alojados en establecimientos cerrados. Casi la mitad de ellos, en total 547, habita en los 19 institutos que tiene la provincia de Buenos Aires y, de ellos, los más poblados son los centros de Lomas de Zamora (79 chicos), Malvinas Argentinas (58), Nuevo Dique (47) y Almafuerte (38), estos últimos dos de régimen cerrado, una modalidad que creció en los últimos meses en el distrito.

Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tiene anotados 619 jóvenes en 27 centros bonaerenses y alertó que en la mayoría se implementa un «sistema carcelario», lo que resulta violatorio de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Córdoba está segunda -detrás de Buenos Aires- en el ranking de distritos con mayor cantidad de adolescentes presos: tiene 193 en seis complejos. Le siguen Capital Federal (111 chicos en cuatro institutos); Mendoza (91 pibes en un solo centro); Santa Fe (79, en seis unidades); Salta (57, en cuatro); y Tucumán (50 adolescentes en sólo dos).

De esos registros surge como curiosidad que Buenos Aires, con algo más de 15 millones de habitantes, tenga 547 chicos encerrados, mientras que Jujuy, con apenas 673 mil habitantes, registre 30 adolescentes detenidos, y Salta, con una población de 1.200.000 personas, 57.

Según los documentos oficiales, en Jujuy, 27 de los 30 chicos privados de su libertad están detenidos en la «comisaría del menor», una denominación rechazada de plano por los estándares internacionales sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.

En este complejo panorama, organismos del Estado, asociaciones civiles, especialistas y defensores oficiales de tribunales de menores coinciden en que el régimen penal de la minoridad vigente es un «resabio del modelo tutelar», en el que los niños son considerados objetos de protección, en vez de sujetos plenos de derecho.

El decreto de Videla pregona un sistema con menos garantías que las de los procesos de adultos, confunde comisión de delitos con protección de derechos y permite continuar con una justicia no especializada (contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño), donde la prisión preventiva puede ser la regla y las medidas alternativas escasean.

Además, a 27 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina suscribió, y a 11 de la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes (26.061), el Congreso Nacional todavía no designó al Defensor del Niño, una figura clave creada en esa norma para asegurar el «resguardo y protección jurídica» de niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Télam e Infonews