792 trabajadores murieron por la precariedad laboral en 2015

Este viernes fallecieron cuatro trabajadores en situación de precariedad. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sólo en 2015 se perdieron 792 trabajadores. En 2014 se constataron 670 mil accidentes laborales.

Este viernes cuatro trabajadores murieron a raíz de la desidia empresarial. En General Alvear, Mendoza, un hombre de 50 años perdió la vida luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza al caer de una tarima. Estaba realizando reparaciones en el predio de la Universidad Cooperativa, era trabajador municipal. En el barrio porteño de Villa Crespo, falleció un obrero de la construcción luego del derrumbe de una medianera, que tenía una denuncia por irregularidades hace meses. Un trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) murió a causa de quemaduras, que eran resultado de una explosión en la sede de Castelar, la misma que el presidente Macri visitó en julio pasado. Finalmente, engrosando esta trágica lista, un electricista de la línea 60 fue aplastado por una unidad como resultado de la ausencia de las medidas de seguridad correspondientes. No sobrevivió.

Los cuatro casos que salieron a la luz son la expresión de una situación estructural en la Argentina respecto a las condiciones laborales como claro contraste a la rentabilidad del sector empresario. Aunque durante los últimos años descendió el nivel de trabajo no registrado, la informalidad continúa siendo una deuda histórica de la sociedad en general y de la clase política en particular.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sólo en 2015 fallecieron 792 trabajadores. Además, según el informe oficial de 2014, se constataron 670 mil accidentes y enfermedades laborales. En el sector de la construcción, una de las actividades más precarizada, hubo 67 muertes.

Si se hace un breve repaso de las causas, se constata que la mayor parte de las veces, los llamados “accidentes” surgen de problemas evitables, ligados a la falta de indumentaria apropiada y medidas de higiene o seguridad así como a los ritmos intensivos ligados a las necesidades de productividad que el sector empresario impone.

Un repaso lo evidencia: 178.574 accidentes fueron a causa de pisadas, 130 mil caídas por pisadas, 84.342 por “esfuerzo excesivos”, 22.579 por caídas de objetos, 7.875 por “exposición a temperaturas extremas” y 1.301 por “exposición a la corriente eléctrica”. El promedio de edad de los afectados es de 36,5 años (con una preponderancia de los trabajadores entre 20 y 24 años) principalmente en los centros urbanos. Por otro lado, 60.446 de los mismos sufrieron una incapacidad permanente a posteriori. En su mayoría, debido a “posiciones forzadas y gestos repetitivos”, en obreros de 10 o más años de fábricas. Un 71,5% de ellos trabaja en “empresas manufactureras” de magnitud, construcción y transporte.

El mismo organismo -dependiente de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- mostró a su vez que, entre el año 1996 y 2014, 16.891 trabajadores registrados perdieron su vida a causa de “accidentes” laborales. Teniendo en cuenta que las cifras dejan por fuera a los trabajadores informales (que soportan las peores condiciones laborales), el número se supone mucho más alto.

Bajando los costos

En 1996, se sancionó la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) que aún rige, y que dispone que, a cambio del pago de una indemnización y de la contratación de una ATR, los empresarios directamente se desentienden de la responsabilidad por los “accidentes”, independientemente de su culpabilidad. Por otro lado, la “ley De Mendiguren”, sancionada en el 2012, limitó abiertamente las posibilidades de los trabajadores de reclamar mejores indemnizaciones.

Cabe destacar que una parte significativa de estos juicios se refiere a enfermedades laborales no reconocidas por la ART ni por las Comisiones Médicas, para quienes la mayoría de las enfermedades son preexistentes, inculpables y casi nunca “laborales”.

En los últimos meses se ha acentuado una tendencia que ya existía estructuralmente. Los medios porteños de comunicación, cercanos al Gobierno Nacional, y las cámaras empresariales, han difundido editoriales y notas exigiendo una mayor regulación que permita bajar lo que definen como “la industria del juicio”. Se trata, nada más y nada menos, de los juicios laborales que emprenden los trabajadores ante accidentes de trabajo o enfermedades directamente no reconocidos por las patronales y aún por la misma legislación vigente.

 

Dos propuestas de la gestión de Cambiemos ratifican la cosmovisión oficial sobre esta temática. Por un lado aparece el Plan Primer Empleo que plantea una relación laboral hacia jóvenes que flexibiliza las obligaciones del sector empleador. La modificación del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo surge como el mejor complemento del menú nacional.

Fuente: La Izquierda Diario