Una movilización para defender una política de Estado

Agenda Abierta estuvo presente en el masivo acto que acompañó la lectura de la sentencia por la megacausa La Perla, en Córdoba. Una manifestación popular para dejar en claro que el pueblo ya dijo «nunca más».

Por Alfredo Hoffman

La política de Estado en Memoria, Verdad y Justicia, implementada a partir del 25 de mayo de 2003, es una conquista y un patrimonio del conjunto de la sociedad argentina. Es el resultado de una larga lucha de los organismos de derechos humanos, de diferentes organizaciones sociales y políticas y de ciudadanos comprometidos con el modo de vida que se encarna en la democracia. Que esa sociedad no está dispuesta a resignar estos logros, es lo que explica que más de 10.000 personas se hayan movilizado un jueves al mediodía para escuchar el veredicto de un tribunal en una causa de lesa humanidad.

Es verdad que no era cualquier sentencia. Era el final de un juicio que se extendió durante tres años y ocho meses, con 43 represores imputados y 716 víctimas, de las cuales 279 están dedesaparecidas. La megacausa mostró el genocidio en toda su dimensión: por La Perla no solamente pasaron centenas de secuestrados –fue uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes del país– sino que fue epicentro del conjunto de los delitos más aberrantes: de torturas a abusos sexuales, de homicidios a robo de bebés. Y, por si algo faltaba, los represores que allí operaban siguen orgullosos del plan siniestro que ejecutaron y hoy reivindican el terrorismo de Estado, amenazan a familiares de las víctimas, funcionarios y jueces y se ilusionan con tener cierta legitimidad social que los reconozca como supuestos “salvadores de la Patria”.

La sentencia estuvo a la altura de las circunstancias. Hubo 28 condenas a prisión perpetua que merecieron sendas ovaciones en el exterior del edificio de los tribunales federales de Córdoba. Las más festejadas fueron la de Luciano Benjamin Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que sumó así 14 condenas, y la de Ernesto Barreiro, quien como otros en este juicio fue sentenciado por primera vez. Además, se condenó por abusos sexuales y desaparición forzada de niños –robo de bebés– como parte del plan sistemático y se incluyó también como tales a los crímenes que se cometieron antes del golpe de Estado de 1976.

Pero además de lo histórico de la llegada de la Justicia para tantas vícitmas después de 40 años y de la satisfacción que hubo por el veredicto, la movilización del 25 de agosto de 2016 fue una muestra popular de que no es posible una marcha atrás en los juicios a los genocidas y en los avances en Memoria, Verdad y Justicia de los últimos años. Hasta las inmediaciones del parque Sarmiento llegaron miles de cordobeses, reunidos en agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos, o bien solos o “sueltos”, como se dice. Pero también estuvieron contingentes de diferentes lugares del país, como los organismos de Paraná y los docentes enrolados en Agmer, que decidieron que la ocasión ameritaba el viaje; porque lo que estaba sucediendo era mucho más que un juez leyendo sin pausa nombres, apellidos, tipos delictivos y años de cárcel durante una hora y cuarenta minutos.

Frente el escenario montado sobre la calle Concepción Arenal había también muchas familias: tres generaciones sosteniendo carteles con los rostros de un marido o esposa, un hermano o hermana, un padre o madre, un abuelo o abuela que fue secuestrado una noche de su casa o de la calle, llevado al campo de concentración montado en La Perla, torturado, vejado y asesinado para luego ser ocultado su cuerpo. Había muchos hombres y mujeres sobrevivientes de ese terror, que con sus testimonios que vencieron al dolor permitieron reconstruir y probar la maquinaria asesina.

Todos quienes estaban allí, miles de jóvenes y adultos, militantes activos y no tanto, estaban convencidos de que era necesario estar ahí para defender los juicios de lesa humanidad. Las consignas, que se expresan cantando, eran las de siempre, las que prometen ir a buscar a los genocidas adonde vayan, como a los nazis; y también estuvieron las de ahora, como la que recuerda que los grupos de empresarios, como el presidente Mauricio Macri, también fueron parte de la dictadura cívico militar.

En un contexto político como el del presente, donde la represión volvió a ser una respuesta para los reclamos de los que el modelo socio económico excluye, donde Milagro Sala siguen siendo presa política, donde se vacían programas de derechos humanos, se relativiza y se banaliza e incluso se niega el genocidio desde los más altos cargos del Gobierno, donde se buscan alternativas para flexibilizar el compromiso del Estado con el juicio y castigo a los represores y sus cómplices, era necesario que muchos estuvieran ahí y conformaran un cuerpo uniforme para dejar en claro que sin justicia verdadera no hay Nunca Más posible.