Presentaron amparos contra la modificación de la ley de Tierras

Diversas provincias argentinas presentaron amparos contra el Decreto Nacional 820/16 que modifica la Ley de Tierras 26.737  y facilita su extranjerización. Plantean la nulidad de la decisión del Gobierno Nacional.

Diferentes sectores políticos y sociales de Buenos Aires, Chubut y Mendoza, realizaron diversos amparos a la modificaciones realizadas por el Ejecutivo nacional a la ley de Tierras, aprobada en 2011, que restringía el acceso indiscriminado del territorio argentino a extranjeros. La decisión del gobierno de Mauricio Macri justificó la flexibilización de los requisitos para la compra de tierras con la justificación de fomentar inversiones al país.

Abogados de La Plata, el Movimiento Capesino Indígena de Mendoza, y legisladores de Chubut, llevaron la exigencia al Poder Judicial, contra el cambio en las restricciones a la extranjerización de la tierra. En 2011, el Congreso sancionaba la ley de Tierras, fijando el 15% como techo para el acceso de extranjeros al territorio argentino. La situación de Joe Lewis, magnate que se apropió de un pedazo de una ruta pública y que es dueño de doce mil hectáreas en Lago Escondido y Luciano Benetton, dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia.

La periodista Luciana Rosende, para Política Argentina, realizó una pequeña síntesis de cada judicialización para frenar la flexibilización de la ley que regula la venta del suelo argentino. En Chubut, diputados presentaron una acción de amparo con el fin de lograr un pronunciamiento judicial que deje sin efecto el Decreto Nacional 820/16. La iniciativa fue presentada por Blas Meza, legislador del FpV-PJ y por Alejandro Marques, concejal de Lago Puelo, también del FPV. El diputado advirtió que el sur argentino es un “lugar de gran concentración de tierras en manos de extranjeros, donde están los Benetton y se está superando el 50 por ciento de tierras vendidas”.

En Mendoza, integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) presentaron un amparo en el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de cuyo, a cargo de la Jueza Olga Pura de Arrabal. Diego Montón, representante de la Coordinación Nacional del Movimiento, señaló a este portal que entre los puntos que denuncian están que “el registro nacional de tierras deja de ser un instrumento de control”, que “a la hora de establecer cuáles son los pasos para que un capital extranjero registre a su nombre tierras, les permiten directamente que se inscriban y después empiezan a hacerse las consultas”, y que posibilita que “el capital extranjero se camufle como empresa nacional”, entre otras cosas.

En La Plata, Buenos Aires, un abogado, defensor de los derechos humanos, hizo su reclamo en el Juzgado Federal N° 2, argumentando que esta modificacción no atraviesa solamente la titularidad de las tierras sino que “en esta cuestión está en juego también el sistema de derechos humanos en lo que hace a la soberanía alimentaria y a la soberanía acuífera, y son derechos consagrados en el sistema internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Esto pone en riesgo inminente derechos humanos de corte constitucional”.

El recurso de amparo para pedir la nulidad del decreto que modificó la Ley de Tierras va camino a replicarse en Neuquén, Corrientes y Río Negro. Además, avanza en el Congreso un proyecto de ley en el mismo sentido.

Fuente: Política Argentina