Para el Poder Judicial entrerriano, empuñar la picana no es tan grave

En un fallo polémico, tres miembros de la Policía de Entre Ríos fueron condenados por torturar a dos detenidos y una detenida; pero no van presos ni fueron expulsados de la fuerza. La sanción es tan leve que parece alentar a que estos delitos se sigan cometiendo.

Por Alfredo Hoffman

Esta semana ocurrió algo en Entre Ríos que casi pasó desapercibido entre tanto bombardeo de pokemones. El Poder Judicial provincial emitió un fallo propio de otra época, de cuando el rol de los magistrados era dar alguna forma de legalidad –aberrante, por cierto– a los crímenes que cometían las fuerzas armadas y de seguridad a las que les había sido ordenado el aniquilamiento de los opositores políticos. En este caso puntual, lo que se legaliza de hecho es la tortura ejercida sobre sospechosos de cometer un delito común.

En apretada síntesis, lo que ocurrió fue que tres polícias fueron condenados por apremios ilegales y vejaciones contra tres detenidos, sospechosos –según el ojo de los uniformados de azul– de haber robado una camioneta. Pero la condena fue poco menos que para cumplir con la ley: tres años de prisión condicional para dos de los imputados y dos años de la misma pena para el tercero. Y la sanción no sólo los dejó a salvo de ir a la cárcel, sino que también les permitió seguir perteneciendo a la institución.

El fallo del juez de Garantías Humberto Franchi fue el siguiente: para Gustavo Ramón Collaud y María Cecilia Depardón, tres años de prisión condicional; para Raúl Javier Taborda dos años de prisión condicional. Además se implementó una inhabilitación especial que consiste en que los tres seguirán cumpliendo funciones en la fuerza, aunque durante el doble del tiempo que dure la pena no podrán portar armas ni tener personas detenidas a su cargo. También se les impuso una serie de reglas de conducta por el término de dos años, como no molestar a las víctimas.

Se trató de un juicio abreviado, al que se arriba tras un acuerdo que implica que los acusados aceptan la culpabilidad de los delitos que cometieron, y reciben a cambio un beneficio en la sanción que recibirán.

El trasfondo de la sentencia es que torturar no es algo tan grave. No es tan grave como para enviar a la cárcel a quienes lo hacen, ni siquiera para expulsarlos de la policía. Apenas les impusieron reglas de conducta y la prohibición de portar armas, como si se los pusiera en penitencia por una travesura o como si se admitiera esa conducta como un triste y célebre “exceso”.

Lo que en verdad ocurrió estuvo lejos de ser algo mínimo: fue una auténtica noche de terror para dos hombres y una mujer, el 25 de mayo de 2015. Los interceptaron en un camino vecinal que une Villa Urquiza con La Picada, porque llevaban de tiro una camioneta de la misma marca que una que estaban buscando como robada. Durante cuatro horas, en medio del campo, en la oscuridad, los atormentaron con una lluvia de golpes de puño y patadas; les aplicaron reiterados pasajes de corriente eléctrica con picanas y a la mujer la amenazaban con obligarla a practicar sexo oral a los efectivos.

Después los llevaron a la comisaría de Villa Urquiza. A uno de los hombres víctimas, le hicieron quitar la ropa, lo dejaron solo con ropa interior, le esposaron las manos, le mojaron la espalda y las muñecas, le aclararon que no debía gritar ni hablar y le pasaron descargas eléctricas, mientras le seguían pegando con los puños y patadas.

Esta fue la acusación y esto fue lo que admitieron los tres policías condenados, a los que defendió el abogado y funcionario a cargo del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) Marcos Rodríguez Allende. Hubo otros que participaron de aquella noche de terror, pero no pudieron ser individualizados y por lo tanto quedaron al margen del proceso.

Los delincuentes –lo son, puesto que fueron condenados por los delitos que cometieron y admitieron– llevaban en su poder una picana con la que torturaron a las víctimas en un camino vecinal. Es decir que iban preparados para picanear. Planeaban hacerlo. Y probablemente, por lo tanto, no era la primera vez que lo hacían. Cuando Gendarmería allanó la comisaría secuestró uno de estos elementos.

Cuando se conoció la denuncia de las víctimas, hace más de un año, una importante cantidad de vecinos de Villa Urquiza se manifestó a favor de los uniformados. Pintaron pancartas, llamaron a los canales de televisión de Paraná para expresarles su apoyo y destacar cómo actuaban en la supuesta lucha contra el delito. No hace falta agregar que las opiniones en las redes sociales fueron diez a uno a favor de los policías.

El Poder Judicial consideró probado que los delincuentes eran los de uniforme. Vale la pena insistir una vez más: los propios condenados lo aceptaron. Sin embargo, la sanción parece ir en sintonía con el pensamiento de esos vecinos y de esos que comentan en Facebook. Parece también que el mensaje es: “Torturar no es tan grave”. Y en consecuecia: “No saquen las picanas de los patrulleros”.