El retroceso en lesa humanidad “se percibe en los pasillos de los tribunales”

Abogados de todo el país reclaman la “emergencia judicial” por la desaceleración de las causas y la orden de Nación de no apelar las prisiones domiciliarias. Sofía Uranga, querellante en Paraná, expresó preocupación por el futuro de los juicios.

Por Alfredo Hoffman

Los integrantes del Colectivo de abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, que se reunió el viernes y el sábado en Buenos Aires, reclamaron que se declare la “emergencia judicial” para garantizar la continuidad de los juicios contra los represores de la última dictadura cívico militar. Lo analizado en ese encuentro y lo expresado en el documento final pusieron de manifiesto la preocupación que existe sobre el futuro de los juicios y por la actual desaceleración de la que Entre Ríos no es ajena.

De estas quintas jornadas participaron más de cien abogados y abogadas de todo el país y fiscales para analizar el estado actual de los procesos que se siguen contra militares y civiles acusados de crímenes de lesa humanidad y las medidas que flexibilizan de hecho las condenas ya dispuestas. Por Entre Ríos estuvieron los abogados Marcelo Boeykens, coordinador del Registro Únivo de la Verdad, y Sofía Uranga, coordinadora general de la Subsecretaría de Derechos Humanos y abogada querellante por la agrupación H.I.J.O.S. Paraná.

En el documento aprobado solicitaron que “se declare el estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, Justicia pronta y activa”.

Los miembros del Colectivo quieren tener una reunión urgente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura, para exigir un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

“La maduración democrática no permite retrocesos. El apuro no es un apuro caprichoso, sino que es biológico, real”, sostuvo Uranga en diálogo con Agenda Abierta. “En Campo de Mayo, esto es en el Tribunal Oral Federal de San Martín, hay un pronóstico de 17 años de juicio oral, por las distintas elevaciones que se han producido. En otros lugares del país hacen una audiencia cada 15 días”, cuestionó. “Si se los tomaran como otros juicios que tienen, lo hacen seguido, intensivo y lo terminan. Porque es importante que se empiece y se termine un juicio oral; porque la oralidad tiene un sentido, sino hubiesen seguido siendo escritos, que era lo mismo”.

“Los jueces son rapidísimos en interpretar el tiempo que corre. Macri ha sacado la inyección de política que tenían los juicios de lesa humanidad y esto tiene consecuencias concretas”, reveló la abogada, y enumeró que eso se ve, por ejemplo: “En cómo te tratan en los juzgados, y esto lo digo en términos materiales, acá en Paraná incluso; ha cambiado y esto se percibe en todos los pasillos de tribunales”.

La SDH y las domiciliarias

“Hay una clarísima decisión de vaciar las políticas, no eliminarlas, no sacar programas, pero sí vaciarlas”, expresó Sofía Uranga respecto de la conducta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Claudio Avruj. “Eugenio Zaffaroni, cuando estuvo en el encuentro, decía: ‘no van a frenar los juicios, le van a sacar financiamiento, le van a sacar el pie del acelerador’”, citó.

El primer dato objetivo que hay sobre el accionar de la SDH, sacando las cuestiones subjetivas, es que “los abogados de la Secretaría como querellantes tienen orden de no apelar las prisiones domicliarias”, dijo Uranga. Y continuó: “El propio Zaffaroni nos decía: hay prisiones domiciliarias que están bien otorgadas, pero hay otras que son un modo de morigerar la pena”.

Aunque se pretende instalar que los genocidas están en malas condiciones de alojamiento en las cárceles y merecen, por su edad avanzada, estar presos en sus casas, lo cierto es que la mitad de los condenados e imputados por crímenes de lesa humanidad ya cuentan con arresto domiciliario y los que están en unidades penitenciarias gozan de privilegios que no tienen el resto de los internos. En el caso de Paraná, los genocidas que están privados de la libertad en la Unidad Penal N° 1 son Atilio Céparo, Cosme Demonte y Jorge Humberto Appiani, que son personas dentro de todo jóvenes y de muy buen estado de salud. El resto está en sus domicilios.

Además de esas decisiones que marcan un retroceso en las políticas de derechos humanos, está lo que Uranga mencionó como “las declaraciones ideológicas, de la guerra sucia para abajo” –en referencia a los dichos del presidente Mauricio Macri– a las que calificó de muy graves. “Ahora están volviendo a hablar de violencia política en términos muy confusos. Están plantando una bandera ideológica, la están mostrando, y esto tiene consecuencias muy claras. Tenemos que estar muy atentos porque hay amenazas a los abogados y fiscales en Tucumán en el juicio del Operativo Independencia, ni hablar de los abogados de Milagro Sala en Jujuy y de las propias víctimas. Esto está pasando, Céparo amenaza a las víctimas”, resaltó.

El documento

“El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015 niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al terrorismo de Estado como ‘guerra sucia’ y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso del juzgamiento a sus responsables”, resaltaron en la declaración los abogados y fiscales que se reunieron en Buenos Aires. Para este colectivo el gobierno de Macri intenta “materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial”.

En ese marco indicaron “con enorme preocupación” que buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando “resoluciones infundadas” relacionadas a prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones en casos en los que existe abundante prueba sobre las responsabilidades de los imputados.

“Para este Colectivo de Abogadxs los desafíos del presente ya no sólo se centran en la lentitud y fragmentación de los juicios en marcha o en las estrategias a desarrollar para lograr el más urgente juzgamiento a los responsables militares y civiles de la dictadura. Hoy también la preocupación gira en torno al cómo frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri”, subrayaron.

Asimismo consideraron que cuando el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avru,j recibe en la ex ESMA a familiares de genocidas que reivindican el golpe de 1976, o sugiere que todos los represores mayores de 70 años deben irse a sus casas, “busca transformar en olvido, símbolos y espacios conquistados a través de la lucha y el compromiso del movimiento de Derechos Humanos y de buena parte de la sociedad”.

Durante el encuentro también se resolvió denunciar por todos los medios “el vaciamiento, desmantelamiento y la desfinanciación” de los organismos estatales directamente relacionados con la política de Estado de derechos humanos en la Argentina.