El gobierno nacional se retira de la querella en una causa de lesa humanidad

La Secretaría de DDHH de la Nación abandonó la co-querella en la causa que investiga hace cinco años a Alejandro Reynal, ex presidente del Banco Central en la dictadura por delitos de lesa humanidad. 

 

Por Mariano Osuna

El secretario de DDHH de la Nación, Claudio Avruj, mediante los abogados que participan como co-querellantes en la causa que investiga las torturas y los secuestros, materializadas por un grupo de tareas de la división bancos de la Policía Federal, a distintos integrantes del Banco Latinoamericano de inversión, el 31 de octubre de 1980, entre los que se encontraba Eduardo Saiegh.

El segundo semestre comenzó con nuevas definiciones del gobierno nacional respecto a la política de derechos humanos y al abordaje de los sucesos de la última dictadura cívico-militar-clerical. Como informamos desde Agenda Abierta, los primeros hechos tuvieron como protagonista a Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, quien recibió en dos ocasiones a abogados de los represores y organizaciones que defienden el terrorismo de Estado. Continuó con declaraciones negacionistas de distintos funcionarios nacionales, provinciales y municipales, entre ellos el renunciante ministro de Cultura de Capital Federal, Darío Lóperfido.  Lo propio también ocurrió con el lanzamiento de la nueva edición del “Nunca Más”, mediante la eliminación del prólogo de 2006, que había introducido por primera vez el concepto de terrorismo de Estado en relación a la Dictadura, dejando ahora reinstalada la histórica discusión de la teoría de los dos demonios. Posterior al informe de la Procuraduría, dimos a conocer el pedido del gobierno nacional al Poder Judicial para flexibilizar las condiciones de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Esta semana, las declaraciones del presidente Mauricio Macri, vertidas a un medio internacional, calificando el terrorismo de estado como «guerra sucia», atravesada por la afirmación de «no tengo idea si hubo 30 mil», ratifican la visión oficial sobre el terrorismo de Estado. En esa línea, el Gobierno nacional se retiró como parte querellante de la causa que tiene como imputado a Alejandro Reynal, ex presidente del Banco Central durante la última dictadura-cívico-militar.

El propio Saiegh, a través de su historia personal y colectiva, es quien fomenta la investigación sobre Reynal, a quien responsabiliza por su secuestro. En esa causa el juzgamiento alcanzaba además a Eduardo Cantilo, tío del actual jefe de gabinete nacional, Marcos Peña. La posición de retirarse como co-querella ratifica una serie de definiciones sobre el cambio de rumbo oficial en derechos humanos.

Eduardo Saiegh, en primera persona

«Este grave delito de Terrorismo de Estado y DDHH del que fui víctima propiciatoria en octubre de 1980, fue planeado desde el BCRA con el objetivo de desapoderarme de mi banco y hacer desaparecer -del tesoro del BLA- las acciones de Makin S.A., empresa controlante de Austral Líneas Aéreas, y los comprobantes de su deuda por más de 7 millones de dólares que tenían con el banco, garantizados por la caución de dichas acciones.

Dichas acciones las necesitaban -sí o sí- para poder transferirle la compañía aérea al Estado Nacional con un pasivo de mas de 200 millones de dólares, y poder estatizarla de acuerdo al decreto 1922 del 22 setiembre de 1980, tramitado en 48 horas, a pedido de los accionistas de Austral por nota formal al entonces ministro de Economía y jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, en la que reconocieron que el BLA era el único acreedor privado y no había otros acreedores financieros que tuviera la empresa aérea ni sus subsidiarias.

También manifestaron que en el caso que surgiera algún inconveniente, los accionistas -a título personal- se hacían cargo de esa deuda con el BLA. Finalmente lograron su criminal objetivo de robarme el banco y las acciones de Austral despojándome, también, del resto de mis bienes.

Para lograr esto se falsificó una denuncia anónima en el BCRA, y se dio su traslado inmediato a las fuerzas parapoliciales pidiéndoles -según consta en las actuaciones- mi detención y el allanamiento de domicilios a la autoridad “política” de la Policía Federal, a través de su División Bancos que funciona en el Banco de la Nación Argentina, en la esquina porteña de Bartolomé Mitre y 25 de Mayo.

La estatización de Austral resultó una real estafa fraudulenta para el Estado Nacional, tal como el fiscal Molinas lo denunciara ante la justicia federal penal en 1984, y también es un delito penal imprescriptible cometido por el gobierno de facto contra mi persona y contra mis bienes -por estar incluido en la caracterización de Terrorismo de Estado- agravado por comprobadas e inenarrables acciones de extrema violencia antisemita, flagelo mundial del cual -lamentablemente- nuestro país puede dar sobradas pruebas de impunidad total con las voladuras y las víctimas de los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA.

Mi secuestro, torturas y extorsión tuvieron el objetivo de “ablandarme” para lograr autoincriminaciones y confesiones falsas con el objetivo de desapoderarme y robarme el BLA y, por ende, quedarse con las acciones caucionadas de Austral. Para lograrlo necesitaban quebrarme en todos los aspectos y, finalmente, liquidarme físicamente, como ocurrió con otros banqueros de origen judío, para hacer “desaparecer” a la víctima y las pruebas del delito ya que -con vida- podría acusarlos.

Lo económico lo lograron, pero el quiebre moral -a pesar de los terribles tormentos sufridos- nunca pudieron conseguirlo ya que logré soportar las torturas.

El 7 de noviembre de 1980, por una situación fortuita del destino, pude negociar mi vida con mis secuestradores y me salvé de una muerte segura, que ya estaba prevista y ordenada.

Desde entonces inicié una lucha sin cuartel en todos los frentes legales para reivindicar y denunciar -a nivel nacional e internacional- el arrasamiento de todos mis derechos más elementales y humanos.

Desde 1982, y aún en plena dictadura inicié las acciones penales federales por secuestro y torturas y extorsión contra Martínez de Hoz, Alejandro Reynal y el resto de la banda de los Chicago Boys en la causa Nº 1662 en el Juzgado Federal Nº 5″.

Fuente: Web oficial de Eduardo Saiegh

 

 

 

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