El Gobierno nacional dio marcha atrás en las audiencias por las tarifas de luz

A mediados de agosto había anticipado que adelantaría las audiencias, teniendo en cuenta lo resuelto respecto al gas. Ahora resolvió esperar el fallo de la Corte. La situación en Entre Ríos.

Por Pablo Urrutia.

El Gobierno dio marcha atrás con una decisión que había tomado a mediados de agosto, luego del fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que frenó la suba de tarifas de gas para los usuarios residenciales de todo el país. Resolvió que no se realizará una convocatoria anticipada a la audiencia pública por las tarifas de energía eléctrica, y quedará a la espera hasta que el máximo tribunal falle sobre este tema, el próximo martes 6 de septiembre.

La Corte deberá recibir antes el dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En el caso del gas, la CSJ falló en línea con la procuradora. Habrá que ver si en este caso sucede algo similar y si, en caso de determinar la obligatoriedad de la audiencia pública, se suspenden los aumentos hasta que ello se haga efectivo.

En ese sentido, es de tener en cuenta que la audiencia pública para las tarifas de gas quedó fijada para el viernes 16 de septiembre, y por los tiempos que se manejan, la audiencia de la luz recién se llevaría a cabo durante octubre.

La cita se repetirá en la Usina del Arte, el centro cultural que el gobierno porteño tiene en el barrio de La Boca. Pero cabe destacar que, en el caso de la energía eléctrica, la audiencia general estará enfocada en las boletas que recaen bajo la órbita de Edenor y Edesur, que operan en CABA y en el área metropolitana de Buenos Aires.

El Estado, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sólo posee competencia sobre estas dos empresas de distribución, y no sobre las que operan en el resto de las provincias. Para esas tarifas quedan dos opciones: que los gobernadores acuerden con el Gobierno y convoquen a audiencias públicas provinciales, o esperar a que la Corte Suprema defina cómo se hará en esos casos.

En Entre Ríos, ya hay una audiencia pública convocada para este miércoles en Villaguay, pero corresponde a la revisión tarifaria quinquenal que realiza el EPRE y se ocupa de tratar las propuestas de cálculo de las tarifas de los contratos de concesión para el servicio público de distribución de energía eléctrica, las cuales regirán hasta el 30 de junio de 2021. Es decir, no se trata el incremento dispuesto por el Gobierno nacional y que impacta en esas tarifas.

 

El impacto de los aumentos en la provincia

Si bien el incremento en las tarifas de gas fue el que más cobertura tuvo de parte de los medios nacionales y el que aparentemente más fuerza dio al reclamo en contra de la decisión del Gobierno, en provincias como Entre Ríos, el mayor impacto en el bolsillo lo causan los aumentos en la tarifa de electricidad.

Esto por una sencilla razón, en nuestra provincia, menos de un tercio de los hogares están conectados a la red de gas, en tanto que la gran mayoría utiliza la garrafa y, en menor medida, otras variantes de gas envasado. El dato se desprende del último censo nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010 por el Indec.

Pero en el caso de la energía eléctrica, el escenario cambia sensiblemente, ya que prácticamente toda la población tiene acceso a este tipo de energía, y la gran mayoría está conectado a la red de tendido eléctrico.

Según las cifras del mencionado organismo, en Entre Ríos, sobre un total de 375.121 hogares, tienen acceso al gas en red 96.638, el resto utiliza gas envasados, en su gran mayoría, y otros. En cambio, el acceso a la energía eléctrica es casi total. Sobre 375.110 hogares, la encuesta determinó que son 366.725, los que acceden a la electricidad por red.

En el caso de la ciudad de Paraná, sobre un total de 105.030 hogares, 43.377 acceden al gas mediante la red, y el resto utiliza gas envasado en sus diversas variantes, siendo la garrafa la de mayor uso, con un total de 53.356 hogares. En tanto que se estima que el total de la población está conectado a la red de energía eléctrica.

Queda claro que el tarifazo, como se lo denominó popularmente al incremento de los servicios de gas y luz implementado por el gobierno nacional, a los entrerrianos le llega con la boleta de luz. Principalmente en este mes, en que se computa el consumo durante el período más frío del año y, por la estructura de acceso a la energía de los hogares la electricidad es la principal fuente para calefaccionarse.

El gobernador de Entre Ríos, a mediados de agosto, se pronunció a favor del incremento de las tarifas de luz y gas, aunque sostuvo que era necesario encontrar un criterio para que el aumento tenga aplicabilidad.

Enersa, mediante una resolución aprobada por el Ente Provincial Regulador de la Energía, se acogió al nuevo cuadro tarifario nacional dispuesto a partir de febrero, aunque lo hizo sin contemplar el artículo 4 de la Ley 24.240, que dispone que los usuarios deben ser debidamente notificados de las modificaciones en las tarifas. Lo que llevó a la empresa a un conflicto con la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) y, tras el fracaso de las audiencias de conciliación entre las partes, Defensa del Consumidor de Entre Ríos, dispuso advertir a Enersa sobre la falta en que estaba incurriendo.

Finalmente la empresa prestataria de la energía eléctrica comenzó en agosto a emitir facturas con la información del cuadro tarifario que está aplicando actualmente, a pesar de que la suba de las tarifas de luz estarían virtualmente frenadas por una disposición de la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, quien a principios de ese mismo mes ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta la correspondiente audiencia pública.

Desde Enersa, argumentan que no fueron advertidos de ninguna modificación en la tarifa de parte de la empresa mayorista a la cual le compra, por ende, las boletas llegan con el aumento.

Lo que se recomienda desde el EPRE, es abonarlas y, en caso de que se retrotraiga la tarifa a los montos previos al incremento, la empresa entrerriana hará una nota de crédito a favor del usuario computando la diferencia a favor en futuras facturaciones.

Producto de la eliminación de los subsidios a las empresas mayoristas, que inevitablemente impactó en las tarifas de las distribuidoras locales, en Entre Ríos se estima que el aumento al consumo residencial superó en la mayoría de los casos el 100% respecto al año pasado.

Si bien desde el Ente Provincial de la Energía se había expresado que el incremento oscilaría entre el 45% y el 60% para amplios sectores, acceder a esos porcentajes requiere de un cuidadoso estudio del consumo de cada usuario que debe calcular los horarios picos, de valle, etc. A la vez que realizar un ahorro respecto al mismo período del año anterior.

Los aumentos en la provincia generaron reclamos varios, de PYMES, que presentaron recursos de amparo que fueron rechazados por el Superior Tribunal de Justicia; y de los usuarios en general, que presentaron ante Enersa un sinnúmero de reclamos que el organismo no puede resolver, aunque atiende y responde. Entre las idas y venidas de los amparos nacionales y provinciales, la judicialización de la situación y las manifestaciones ciudadanas, el consumidor residencial naufragó en la incertidumbre de qué hacer con la boleta de luz, que en muchos casos le resulta impagable.

Con la reciente decisión del Gobierno nacional de suspender las audiencias públicas sobre los aumentos de energía eléctrica y quedar a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa incertidumbre respecto a cuanto sale la luz en la provincia se extenderá un tiempo más. El Tribunal se expedirá el próximo 6 de septiembre, cuando en muchos casos ya haya vencido el plazo para pagar la presente boleta en tiempo y forma. De ahí, habrá que esperar que el Gobierno realice las audiencias públicas, defina de qué modo retrotraerá el cuadro tarifario, en el caso de que así lo decida, y Cammesa deberá comunicar el nuevo esquema a las empresas distribuidoras, en el caso de Entre Ríos, Enersa, para que esta las aplique.