Casa Solidaria denunció en plaza de mayo el abuso policial contra personas en situación de calle

El dispositivo para personas en situación de calle se movilizó en Paraná contra la violencia institucional de las fuerzas policiales. Julián Jarupkin, de Casa Solidaria y Luis Garay, defensor del pueblo, dialogaron con Agenda Abierta.

Por Mariano Osuna

Este miércoles, junto al monumento en la plaza 1 de mayo de la capital provincial, Casa Solidaria, un dispositivo dirigido a personas y familias en situación de calle, se manifestaron contra la estigmatización, la represión, y el abuso policial contra este sector vulnerado. La intervención, que comenzó pasadas las 16 hs, fue impulsada por las propias personas que sufren, en lo cotidiano, la violencia institucional de las fuerzas de seguridad de la provincia de Entre Ríos.

«La movida es generada por los compañeros que van a Casa Solidaria. Sale de la preocupación de ellos, y nosotros tomamos esas inquietudes para poder acompañarlos en la lucha por sus derechos», expresó Julián Jarupkin, parte del Equipo de Coordinación y compañeros de la calle de Casa Solidaria. a Agenda Abierta. Explicó que el objetivo fue «mediatizar un poco la movida porque sino toma conocimiento público, y se sostiene en la agenda política, esto pasa totalmente desapercibido y las cuestiones siguen agravándose».

«Creemos que la represión policial es un tema que se está dando en toda la Argentina, y Paraná no es la excepción. Pero lo que más nos preocupa es como con los sectores más populares, con las personas en situación de calle, con los sectores más vulnerados, es donde existe más represión, que no siempre significa golpear a una persona, sino que pasa por aplicar de una manera direccionada la ley de contravenciones», afirmó Luis Garay, Defensor del Pueblo de Paraná.

Ciudadanas y ciudadanos, que sobreviven en la calle, llegaron con máscaras, un tambor y una bandera, rodeando el monumento de plaza de mayo, interviniendo la plaza, para visibilizar y concientizar el abuso que reciben a diario. Jóvenes y adultos comenzaron a acercarse, a consultar lo que estaba ocurriendo. La mayoría eligió quedarse y compartir una ronda improvisada donde las y los asistentes dialogaron sobre la profundización del accionar represivo de las fuerzas policiales de la provincia de Entre Ríos. Julián Jarupkin y Hugo García fueron los principales oradores, mientras se pasaba de mano las planillas con las cuales se juntan firmas para que la Municipalidad de Paraná implemente la ordenanza 8932, que establece la creación del Programa de Asistencia Integral para personas en situación de calle, y que se encuentra vigente desde 2010.

«Vimos que el abuso y el maltrato físico y psicológico ha ido en aumento en estos últimos cuatro meses por parte de las fuerzas policiales», confirmó el Coordinador de Casa Solidaria. Agregó que frente a esa realidad decidieron realizar «alguna intervención artística que pudiera ser acompañada por un documento que declarara lo que viene sucediendo en el último tiempo para decirles de alguna manera que frenen la mano».

En la ronda, conformada a unos metros del monumento de la plaza central de Paraná, se dio lectura a un documento, leído por Hugo García, psicólogo social que integra históricamente Casa Solidaria. La paradoja comitrágica llegó de la mano de la policía de Entre Ríos, cuando siete efectivos invadieron la actividad, en una muestra más de las acciones represivas de las fuerzas de seguridad.

Además de plantear la situación que sufren las personas y familias en situación de calle, y el aumento de la violencia institucional en los últimos meses, Jarupkin destacó que también exigen «que se derogue la ley 3815, porque es inconstitucional, y va en contra de todos los derechos humanos que permite a una persona circular libremente, rebuscársela y tratar de ganarse la vida con algunos trabajos informales». Además, advirtió que «gracias a la herramienta policial (por la ley de contravenciones), como bien la llaman ellos, son coartados en su finalidad los compañeros, que por ahí no tienen otra salida que cuidar un auto, lavarlo, abrir puertas de remises, vender algunas cosas como artesanías o generar malabares».

«La ley de Contravenciones para nosotros es nefasta, como también la interpretación que hacen de la ley», describió Garay. Y agregó que «la ley no establece por ejemplo que una persona que está tomando en un espacio público no sea lo mismo si sos rubio y de ojos celestes o si estás en situación de calle o tenés gorrita. Entonces la interpretación la hacen las fuerzas de seguridad». El Defensor del Pueblo de la capital provincial destacó que «este tipo de manifestaciones sirven en la medida que sea acompañado por más gente en la comunidad, que esto sea una solicitud amplia de la ciudadanía, porque en cualquier momento le puede pasar a un hijo nuestro». Además pidió una reflexión colectiva a la sociedad, diciendo «que lo vean desde ese lugar, poniéndose en la piel del otro, porque sino parece que esto es algo muy lejano, y no es lejano. La cuestión de esta ley de contravenciones hace que el Poder Judicial ni se entere qué está pasando en muchas cuestiones que tienen que ver con las detenciones. Y nosotros creemos que hay que modificar lo actual porque entendemos que la policía no puede tener todo el poder absoluto de decidir si tal o cual persona es sospechosa para detenerlo». Concluyó que acá «la gran estigmatización que se hace no es hacia las personas que cometen delitos sino hacia la pobreza. Y eso es lo preocupante».

Antes de la manifestación de este miércoles tuvieron una reunión, hace un tiempo, con la policía por la ley de contravenciones, vigente desde 1953. «Hubo una instancia de diálogo con las fuerzas de seguridad, y la respuesta fue que era la herramienta que tenía la policía para intervenir frente a los ciudadanos», mencionó el Coordinador de Casa Solidaria. Y mencionó que «eso no es excusa para el maltrato físico, psicológico, cotidiano, ni para la brutalidad con la cual se lo realiza».

Jarupkin también se refirió a las expectativas de respuestas oficiales, detallando que  «en primera instancia pedimos que se frene la mano. Estamos a la espera que al haberse mediatizado, e intentando ponerlo en agenda pública, el Ministerio de Gobierno también pueda, y quiera, reunirse con nosotros para enterarse de estas cuestiones, que por ahí al ser tan grande la provincia, se les va de la mano el asunto de saber qué es lo que pasa con las fuerzas judiciales».

Luego de la ronda realizada en la plaza, personas en situación de calle, y organizaciones sociales, continuaron juntando firmas en una campaña que busca la implementación de la ordenanza 8932, vigente desde 2010, que plantea un abordaje integral y completo en clave de restitución de derechos humanos. La normativa trabaja sobre la construcción de refugios, centros de día, y dispositivos que comprendan equipos interdisciplinarios que realicen un abordaje integral a cada situación específica.

«Creo que hay muchos funcionarios que se creen iluminados y creen saber lo que las personas en situación de calle necesitan. Y creo que lo que se necesita realmente es que ellos sean escuchados», afirmó Garay. «El que vive en la calle tiene que ser escuchado, y de ahí acompañado, en un proceso  que ellos mismos están demandando para poder reinsertarse nuevamente en la sociedad», expresó el Defensor del Pueblo. «Se necesita que los dispositivos no sean solamente un techo y un plato de comida, sino el acompañamiento a poder encontrarse otra vez la persona que perdió esos lazos familiares y sociales, que se quebró emocionalmente, encontrar su rumbo. Y para eso no pueden solos. Por eso muchas veces cuando algunos funcionarios dicen «yo quiero que vaya a dormir a tal lugar y no quiere». Es lógico que no quiere porque en ese lugar que se le ofrece siente que no es su lugar, él necesita ser partícipe de la transformación de ser otra vez parte de la sociedad. Y para eso hay que hacer un seguimiento y un acompañamiento con terapia, con proyección para que puedan entrar en el mercado laboral, el acceso a la educación. Y Casa Solidaria está en ese rumbo de lo que nosotros creemos», finalizó.

La actividad de este miércoles es un hecho más en la serie de actividades promovidas por organizaciones sociales y comunitarias con el fin de instalar en la agenda gubernamental, legislativa, y también en los escritorios del Poder Judicial, el abordaje de diversas problemáticas que atraviesan los derechos humanos. La violencia institucional en Entre Ríos, el abuso policial y la represión, que viene siendo cada vez más grave en los últimos meses, son parte de la amplia agenda de demandas que aún esperan respuesta oficial.