El Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y abogados del Noroeste argentino, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la dirigente de Tupac Amarú.
Los tres organismos expresaron a la CIDH su preocupación luego de la sanción proporcionada a Sala en el penal del Alto Comedero. En la presentación realizada expresaron que la detención de Milagro Sala es una “irregular privación de libertad”, y remarcaron que «se han agravado sus condiciones de detención” a raíz de una sanción de aislamiento».
La diputada del Parlasur, y dirigente social, fue detenida por el juez de Control provincial Raúl Gutiérrez, tras haber sido denunciada por el mandatario jujeño, Gerardo Morales, quien la acusó de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”, por el acampe que la Red de Organizaciones Sociales mantuvo frente a la Gobernación.
Actualmente, once dirigentes de la organización, nacida en Jujuy, se encuentran presos junto a Sala, en una problemática que se ha instalado en el escenario nacional e internacional por el origen judicial y político de la causa que enfrentan. Sus abogados defensores sostuvieron que “la sanción se debe a reiterados sumarios realizados a Milagro Sala por mala conducta, aunque un sumario no es una sanción y esa sanción no ha sido legal y debidamente notificada, violando así el legítimo derecho a la defensa”.
Luego de la sanción de aislamiento proporcionada la semana anterior, y la huelga de hambre realizada por Sala, el Cels, Amnistía y abogados del noroeste argentino, llevaron el reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Esa sanción estorba a estándares internacionales como las disposiciones de las «Reglas de Mandela» o de los «Principios y Buenas Prácticas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, destacaron en la presentación.