
La situación económica nacional, que el gobernador Bordet calificó hace poco como “estanflación”, complica a las provincias y replantea los alcances del acuerdo de gobernabilidad.
Por: Pablo Urrutia.
Decir que se tratará de recomponer el salario en relación a la escalada inflacionaria buscando mantener el equilibrio fiscal, en las actuales condiciones económico financieras es más o menos ponerse entre la espada y la pared, una situación incómoda para cualquiera, pero más aún para quien debe gobernar una provincia.
El INDEC hace poco publicó un informe del que se desprende que Entre Ríos es la provincia que registró la mayor caída del consumo en supermercados, con una retracción que supera la media nacional en comparación a los mismos datos registrados el año pasado. En criollo, a la gente se le enfrió el bolsillo y si bien gastó un poco más, compró menos. La inflación continúa, en un marco de recesión económica y los salarios presionan por sobrevivir, eso es la estanflación.
La situación fiscal de la provincia es complicada, y la de los municipios no es mejor. Los tarifazos en energía y transporte determinan las prioridades del gasto doméstico. Tener luz, gas y poder viajar todos los días para llegar a horario al trabajo o a la escuela, secundan a las necesidades básicas de comer y vestirse; las tasas y los impuestos provinciales pueden esperar, ergo, cae la recaudación.
La baja o eliminación de determinados impuestos que el gobierno nacional anuncia alegremente como conquistas sociales, sin un debido esquema de compensaciones, resienten aún más los ingresos provinciales ya que en muchos casos se trata de impuestos coparticipables.
Sobre esa caída de la recaudación golpean los gremios, presionados por sus bases que ven empobrecer sus salarios prácticamente con el correr de los meses y allí se genera una situación de tensión social que torna inestable la mentada gobernabilidad.
Los gremios estatales y el gobierno no logran aún ponerse de acuerdo en la mesa paritaria. Dicen los primeros, que se está muy lejos aún de la recomposición esperada por los trabajadores. Agmer, el gremio mayoritario de los docentes en la provincia, espera en la puerta su turno para sentarse a negociar. Todo gira en torno al salario, a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero los docentes no esperan pacientemente, lo hacen en estado de paro y movilización, sacan a relucir su principal herramienta de presión, la suspensión de las clases en la provincia. Atisban un escenario de conflicto. Los estatales también.
Vale decir, el escenario no es un error no forzado del gobierno provincial que capea la situación y no ha tenido aún mayores problemas, y tampoco ha sido amarrete a la hora de los acuerdos salariales.
En el mes de marzo, el salario mínimo de los estatales pasó de 6 mil a 8 mil pesos, esto fue una recomposición superior al 30%, que recibiría otro empujón cuando se resuelvan las negociaciones. Su propuesta para todos los trabajadores en la última reunión paritaria, que pasó a un cuarto intermedio, supera ese guarismo en términos anuales. En el caso de los docentes, el incremento rasguñó ese porcentaje en marzo y el gobierno ya expresó que está dispuesto a volver a sentarse una vez se llegue al acuerdo con los estatales.
Claro que la vara con que se miden los salarios es el costo de la canasta básica. Por eso no se debe soslayar que el año pasado, con un porcentaje similar, aunque no sin protestas, se cerraba la paritaria para todo el año en el mes de abril.
A la fecha, es comprensible que resulte difícil trabar un acuerdo que no supere significativamente el 30%.
En la provincia, gremios y gobierno, tienen sus razones.
El gobierno nacional no insinúa una respuesta confiable. Ante la inflación, y su falta de freno a pesar del enfriamiento de la economía, propone la apertura indiscriminada de las importaciones que ya están haciendo sentir sus efectos sobre la producción nacional, y son una amenaza casi consumada sobre las economías regionales. La traducción de economías regionales es economías provinciales. Frente a la caída en la recaudación, espera por la llegada de las inversiones y el efecto derrame. Un escenario en que probablemente los gobernadores comienzan a recalcular el alcance de su compromiso con la gobernabilidad, tanteando la distancia que los separa de la luz al final del túnel.