Aumentaron las prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad

Tras el pedido del gobierno nacional al poder judicial para flexibilizar la situación de condenados por lesa humanidad, crecieron las prisiones domiciliarias en el primer semestre. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad denunció la demora de causas.

Por Mariano Osuna

El primer semestre cerró con una serie de gestos del gobierno nacional respecto a la política de derechos humanos y al abordaje de los sucesos de la última dictadura cívico-militar-clerical. Los primeros hechos tuvieron como protagonista a Germán Garavano, ministro de Justicia de la Nación, quien recibió en dos ocasiones a abogados de los represores y organizaciones que defienden el terrorismo de Estado.

A la par aparecieron declaraciones de distintos funcionarios nacionales, provinciales y municipales, entre ellos el renunciante ministro de Cultura de Capital Federal, Darío Lóperfido.  Lo propio también ocurrió con el lanzamiento de la nueva edición del «Nunca Más», con la eliminación del prólogo de 2006, que introdujo por primera vez el concepto de terrorismo de Estado en relación a la Dictadura, dejando reinstalada la histórica discusión de la teoría de los dos demonios.

Además de los reclamos de diversas organizaciones sociales, centros de estudios y organismos de derechos humanos, como informó Agenda Abierta, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad denunció el lento proceso de los juicios que se están realizando. “La consecuencia más evidente de estas demoras es la muerte de los actores del proceso. Es decir, de las víctimas, los familiares y los imputados, que en algunos casos fallecieron en el transcurso de un juicio postergado e interminable. En la megacausa ESMA Unificada, por ejemplo, de los 67 imputados iniciales 11 de ellos fallecieron durante el desarrollo del juicio” explicó en su informe la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En esa línea de hechos que marcaron el primer semestre del año, el gobierno nacional acercó al Poder Judicial el pedido de flexibilizar las condiciones de los condenados por el terrorismo de Estado implementado por la última dictadura. La solicitud para facilitar la prisión domiciliaria se fundamentaba en los gastos del Estado Nacional por cada detenido.

Bergés, Cabanillas y Etchecolatz son parte de los últimos casos de represores donde el Poder Judicial desestimó el cumplimiento de la condena en cárceles comunes, ratificando el cambio oficial de perspectiva histórica frente a los delitos de lesa humanidad. La desaparición de la bicameral que se estaba formando para aportar datos en la investigación por la complicidad civil, empresaria y financiera de la dictadura y la lentitud del proceso de los juicios, ejemplificado en las mínimas 9 sentencias ejecutadas en 2016, confirman aún más el retroceso denunciado por la Procuraduría en su último informe.

Desde 2006 se ejecutaron 163 sentencias, con 689 condenados por delitos de lesa humanidad y 846 procesados que esperan un veredicto. 68 fueron los absueltos y otros 395 represores murieron desde 2006 aunque la mayoría sin condena.

Moyano en Paraná sin custodia

Hugo Mario Moyano, condenado como partícipe necesario de los delitos de imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales, en perjuicio de cuatro víctimas, y procesado en la causa Área Paraná II, por los mismos delitos, viajó desde Buenos Aires a la capital entrerriana sin custodia. Moyano también cumple prisión domiciliaria.

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