Diputados dio media sanción al blanqueo de capitales y pago de juicios a jubilados

Con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones, en la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que dispone el pago de juicios a jubilados previo blanqueo.

Los diputados entrerrianos por el FPV, Lautaro Gervasoni y Carolina Galliard apoyaron la iniciativa del Ejecutivo Nacional en una votación que dividió al peronismo.

El oficialismo consiguió un amplio respaldo en la cámara baja nacional para el blanqueo de capitales que se propone como medida necesaria para efectuar el pago de juicios pendientes a jubilados. El FPV, Proyecto Sur, Movimiento Solidario, Forja, Partido Solidario y el Frente de Izquierda, reunieron 76 votos rechazando el proyecto, en tanto que hubo tres abstenciones de Libres del Sur.

Además de los entrerrianos Gervasoni y Galliard, desde el FPV levantaron la mano para aprobar el proyecto del Ejecutivo Nacional, los misioneros Maurice Closs, Daniel Di Stefano, Jorge Franco y Silvia Risko, quienes comunicaron ayer su alejamiento del bloque para constituir un minibloque aparte; en ese mismo sentido se manifestó también la tucumana Miriam Gallardo.

El proyecto que obtuvo media sanción tras quince horas de debate, denominado Ley Omnibus, incluye además del blanqueo de capitales y el pago de sentencias a jubilados, el acuerdo por la coparticipación con las provincias, una reforma impositiva, la Pensión Universal a la Vejez y la posibilidad de que la ANSES se desprenda de las acciones que tiene en empresas privadas. Los funcionarios de los tres poderes quedarán excluidos del blanqueo, pero no así sus familiares, uno de los puntos controvertidos de la norma. Se modificó el artículo que penaba con cárcel a quienes difundiesen información relativa a quienes se acogieran al blanqueo.

Desde el FPV calificaron a la norma como invotable a su vez que advirtieron que su aprobación conduce a la privatización de la ANSES y la vuelta a las AFJPs. En tanto que desde el oficialismo destacaron la construcción de un amplio consenso en torno a la norma que calificaron como un desafío fiscal y un acto de justicia.

Los puntos más salientes del proyecto

El núcleo del proyecto es la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional para que el Poder Ejecutivo firme acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron contra la ANSES por la mal liquidación de sus haberes. Este acuerdo implicará el cese del litigio a cambio de un pago en dos partes: 50 por ciento en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando a lo largo del tiempo.

El pago de estos juicios, la actualización de los haberes y la nueva Pensión Universal a la Vejez serán financiados con los fondos del blanqueo de capitales que autorizará la futura ley y que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Sin embargo, la iniciativa también habilita la venta de acciones que la ANSES tiene en empresas privadas -producto de la estatización de las AFJP en 2008- para hacer frente a los pagos en caso de requerirlo. El Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa son algunas de las compañías en donde la Anses tiene acciones. Así, el proyecto macrista propone derogar la ley sancionada por el kirchnerismo que prohibía vender las acciones sin autorización de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

Por pedido de la oposición, el oficialismo aceptó incluir un agregado que indica que las tenencias accionarias de la ANSES no deberán ser inferiores, en principio, al 7%.

La mencionada Pensión Universal a la Vejez beneficiará a mayores de 65 años y significará el 80% del haber mínimo. Pero por pedido del bloque de Bossio, se extendió por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios puedan recibir la jubilación correspondiente, con el descuento de los aportes que no hicieron.

Con respecto al blanqueo de capitales, se ratificó que quedarán excluidos los tres poderes del Estado en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal-. Otra modificación importante fue la relativa al artículo que preveía cárcel a los que difundieran información sobre los blanqueadores.

Por otra parte, la iniciativa establece que la Nación financie el déficit de las cajas previsionales, extendiendo durante 90 meses la moratoria a 13 provincias que no las transfirieron. Es otro de los puntos atractivos para varios gobernadores. El jefe del bloque del FpV-PJ en el Senado, Miguel Pichetto, pedía extender ese plazo a 120 meses: ese fue el motivo de una reunión que mantuvo este miércoles con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y los diputados Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR) y Massa. Finalmente, se acordó dar un margen a la autoridad de aplicación de la ley para modificar este aspecto.

En otro de los cambios destacados, el oficialismo accedió a no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la comisión bicameral que crea el proyecto; de todos modos, se mantiene la modificación en las alícuotas.

Más importante aún, se exceptuó del pago del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores que tienen sus impuestos al día y están exentos del impuesto a los Bienes Personales, que ahora tendrá un piso de 800.000 pesos.

Fuente: parlamentario.com