Crecen las denuncias por violencia institucional en todo el país

Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires, tres ejemplos de diversas situaciones cotidianas que se sufren con las fuerzas de seguridad en nuestro país. 

Por Mariano Osuna

El desalojo a 200 familias en Posadas con un operativo de 400 efectivos policiales, graves denuncias de la Revista La Garganta Poderosa sobre el abuso policial acompañado de prácticas nostálgicas de otras épocas contra dos adolescentes en la Villa 21, y el caso de gatillo fácil, junto una serie de denuncias por represión contra personas en situación de calle en Entre Ríos, parte de la intervención cotidiana de las fuerzas de seguridad. Si la formación siempre fue una asignatura pendiente en nuestra Democracia, en estos meses su accionar se convirtió en ejemplo de aquélla deuda estructural.

La situación de Misiones

La situación de calle en Posadas viene recibiendo por parte del Estado una misma respuesta, que es la represión y el desalojo, frente a la carencia de dispositivos que efectúen un abordaje desde la restitución de derechos. 400 efectivos policiales realizaron este martes la expulsión de 200 familias que residían en cercanías al basural de Posadas. Las personas, sin lugar donde vivir, se ubicaron alrededor del cableado de alta tensión de Emsa, en un espacio peligroso por la corriente eléctrica.

 

Muchas de estas familias ya habían sufrido violencia institucional cuando fueron desalojadas en mayo de este año. Antes, en el barrio San Jorge también habían retirado con abuso policial a decenas de vecinas y vecinos. Ahora también corrieron la misma suerte en el basural, con una medida tomada por el juzgado de instrucción, luego que el intendente exija que se retire a los vecinos, que aún esperan soluciones habitacionales.

Dos adolescentes en la Villa 21

La revista «La garganta Poderosa» denunció en sus redes sociales prácticas nostálgicas de otras épocas contra dos jóvenes de 15 años en Capital Federal.

Comunicado completo de La Garganta:

«Cuando la impotencia no te deja pensar, cuando la rabia no te deja escribir, cuando el dolor no te deja llorar, las fotos se vuelven gritos, ante los dedos estúpidos que balbucean unas líneas, mientras los ojos escupen sobre el teclado. ¿Saben cuántos años tiene, Ezequiel Villanueva Moya? No hay razones, ni a derecha, ni a izquierda, ¡15 años tiene, cagones de mierda.

 

Atrevido, tuvo el tremendo tupé de salir la noche del sábado para visitar a su abuela Beti, que también vive en la Villa 21. De regreso, lo paró la Policía Federal para revisarlo y, aprovechando que justo lo saludaba su amigo Iván Navarro, los denigraron un rato a los dos, entre amenazas y chicanas sobre el supuesto origen espurio de sus prendas. “Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”.

Negativa la requisa, los dejaron ir, pero apenas 30 pasos, donde volvieron a ser interceptados por tres móviles de Prefectura, con cuatro uniformados cada uno. “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.

Trompadas en la cara y palazos en las piernas, como tantas otras veces a tantos otros villeros, esta vez no fueron suficientes. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas… Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.

Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y ayer se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil. Pero ahora, nuestros compañeros tienen miedo. Sus familias tienen miedo. Nosotros tenemos miedo.

Basta de silencio y basta de impunidad: Control Popular a las Fuerzas de Seguridad».

Denuncias reiteradas en Entre Ríos

Agenda Abierta informó en estos meses sobre distintas situaciones de violencia institucional. La investigación por supuestos abusos a dos adolescentes en la capital provincial a causa de cinco uniformados, la intervención pública de la organización comunitaria Casa Solidaria por distintas acciones de abuso policial contra personas en situación de calle, las cuatro declaraciones expresadas por ciudadanos reprimidos y estigmatizados, y el caso de gatillo fácil en Concordia, ratifican el agravamiento de la actuación de la policía de Entre Ríos.

 

Misiones, Buenos Aires y Entre Ríos, tres ejemplos, de situaciones cotidianas, que se multiplican y que plantean el debate sobre las fuerza de seguridad, sobre su cosmovisión alineada a la represión y no a la prevención y la inclusión, la discusión sobre la policía que formamos, la conceptualización que se hace sobre la situación de calle, la legislación vigente para criminalizar la pobreza, parte del debate que exige un mayor involucramiento y compromiso social-político para abordar deudas estructurales de nuestra democracia.